Morales está perdiendo la batalla contra la prensa adversa al gobierno, pero confía en el sostenido crecimiento de los movimientos sociales para neutralizar los golpes de la derecha.
Pequeños sectores de los movimientos sociales han comenzado a enfrentar en el Chaco la serie de bloqueos y paros “indefinidos” con que la derecha ha salpicado de violencia a la región petrolera, agravando el desabastecimiento de combustibles. Su éxito es una incógnita lo mismo que el de los populares “bloqueos selectivos a la oligarquía”, pero están mostrando cómo el futuro neoliberal o pro socialista del país, pende del ensamble de estos grupos con la corriente mayoritaria que se inclina por el llamado proceso de cambio.
Más de dos millones de campesinos, mujeres indígenas, colonizadores, cocaleros, gremiales y obreros de las barriadas marginales conforman junto con sus familias, trabajadores por cuenta propia y bolsones de clase media, el grueso del 67 % del electorado que respalda la gestión gubernamental.
Por su parte, dos de los cinco prefectos adversos al régimen también han aumentado su base social, según los datos ya oficiales del sistema electoral.
“No es el trabajo en solitario, ni el de una junta de intelectuales y veteranos de izquierda lo que más interesa ahorita al proceso de cambio”, dice, como otros, uno de los altos dirigentes masistas antes de ingresar en La Paz a una masiva reunión con Evo Morales para analizar los coletazos de la derecha racista que insiste con el separatismo si la nueva Constitución no le preserva sus privilegios.
“Lo que importa son los movimientos sociales. Sin ellos no hay nada”, confirma, al descartar que el fresco cúmulo de ataques personales al primer mandatario y sus hijos, conmueva siquiera la decisión general de seguir recuperando de manos de derecha el aparato del Estado que todavía controla en sectores claves como la judicatura y las administraciones prefecturales, y de donde obtiene financiamiento y brazos para la virtual insurrección con que desafía al gobierno actual.
Tras una reunión con el embajador norteamericano que el gobierno objetó, los grupos conservadores –repartidos entre la facción extrema de bandas armadas y prefectos alarmados por el crecimiento de los movimientos sociales en las regiones que dicen controlar, y una oposición congresal virulenta, en general subordinada a la primera–, encaran con mayor encono el tramo final del año en que se avizora un nuevo triunfo de la “marea azul” del MAS.
Las reacciones oficialistas para neutralizar la insurrección de la derecha, incluyen “bloqueos selectivos a la oligarquía” y procesos a sus prefectos por instigación a delinquir y gastar arbitrariamente fondos públicos en cuatro ilegales consultas autonómicas.
En las últimas horas, han sido denunciadas, por ejemplo, entregas de dinero de los hidrocarburos a bandas juveniles de Tarija y el desvío de fondos prefecturales en Cochabamba para obtener favores de medios y periodistas locales.
“Tarde o temprano, los prefectos que han llevado adelante una consulta carísima van a responder de ocho millones de bolivianos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), que no fueron autorizados por este Congreso”, ha advertido el vicepresidente Alvaro García.
SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO
Pero la estrategia anunciada es poner en marcha, hacia diciembre o enero próximos, el referéndum en que los bolivianos ratificarán o no la nueva Constitución aprobada en Oruro a pesar del sabotaje opositor.
Con base en la nueva Carta Magna, la jugada de fondo apunta asimismo a la convocatoria a elecciones generales y de los prefectos de Cochabamba y La Paz, además de subprefectos y consejeros departamentales, en comicios múltiples que el 2009 podrían catapultar al presidente Morales para ejercer un nuevo primer mandato, de acuerdo con el nuevo proyecto de CPE, hasta el 2014.
En el corto plazo, los tres meses siguientes se consideran cruciales para ambas fuerzas, no sólo porque coinciden con las efemérides departamentales en Cochabamba, Pando y Santa Cruz, además de la Feria Exposición cruceña, el mayor acontecimiento de los empresarios criollos, sino porque la velocidad con que el Presidente apruebe los decretos puede adelantar también, hacia octubre, el inicio de otra intensa campaña electoral.
Está asimismo pendiente el nuevo reparto de las regalías petroleras no sólo entre seis regiones sino entre los nueve departamentos, y del IDH a favor de los municipios y pueblos indígenas antes que de la administración prefectural.
Por lo pronto, la derecha ha anticipado el sabotaje del referéndum aprobatorio de la nueva CPE, en al menos cuatro regiones.
Se desconoce sin embargo, si el crecimiento de los movimientos sociales en Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz sea suficiente como para contrarrestar el boicot; y si, vistos los resultados de la última votación, la fuerza de los conservadores mantenga sus proporciones como para evitar el triunfo de otro SI arrasador para la nueva Carta Magna y su paquete adjunto.
La doble e inviable respuesta de los prefectos de la derecha, combina la convocatoria al diálogo con la aplicación unilateral de los estatutos, mientras no cesan de instigar a las bandas juveniles para reforzar los bloqueos que están paralizando la importación de diesel en plena temporada alta de consumo para la agropecuaria cruceña.
Reportes empresariales dan cuenta que la producción nacional de diésel es de un millón de litros/día y que la demanda supera los 1,7 millones. La diferencia que debe ser importada, especialmente para abastecer las necesidades emergentes de la cosecha de invierno, antes de que los patrones se sumerjan en los placeres del ganado, las azafatas, el despliegue publicitario y la farándula de la tradicional Fexpo de negocios.
Al interior del país, el instrumento político, los movimientos sociales y las mayorías nacionales viven su mayor romance, como no lo consiguen por su lado, ni los cuatro prefectos de la trizada “media luna” y sus allegados de los comités cívicos, ni Podemos, el MNR, la UN y otros mini partidos integrados a veces en el Consejo Nacional de la Derecha (Conalde), como prefiere llamar la vocería presidencial.
“Si ellos bloquean el proceso de cambio, nosotros haremos igual con la oligarquía pero no perjudicaremos a la población. Será un bloqueo selectivo, no pasará el aceite de exportación”, anuncia el cocalero Julio Salazar que junto a sus compañeros controla las carreteras del eje troncal, aunque no la salida por Puerto Suárez, en la cuenca del Plata, por donde se exporta la suya y otros productos.
EL CAMBIO TIENE CARA DE HEREJE
El objetivo masista es “asfixiar la naciente autonomía de nuestro país”, reclama el prefecto Cossío, acusado a su vez de contratar funcionarios dos semanas antes del referéndum para aumentar su caudal electoral.
Desde antes de los últimos comicios asistimos a una reconfiguración del sistema político “que demandará de los partidos existentes y de los que vayan a surgir un cambio radical”, evalúa desde Cochabamba la politóloga Ma. Teresa Zegada.
Un cambio que implica, agrega, “invertir la relación vertical respecto de la sociedad de arriba-abajo a otra que emerja de abajo-arriba”, en un contexto que posiblemente beneficiará más a los que “logren adaptarse a esta nueva e incontrastable realidad”.
La realidad sin embargo no era muy alentadora para el Presidente y su Vocero, Iván Canelas, que parecían estar perdiendo la batalla contra el poderío de los dueños y empresarios de la prensa, sus medios y sus dependientes, que junto a las asociaciones del gremio y algunos sindicatos han cerrado filas y se desgarran las vestiduras, “agraviados” porque el Presidente les echó en cara que abandonando sus proclamadas libertades, éticas y equilibrios presuntos, se han vendido al neoliberalismo.
Hace tres semanas, cuando el mandatario votó en el Chapare, la televisión mostró sus resquemores ante el acercamiento de la prensa a sus tres hijos, pero estos días Morales tuvo que tragarse algunos exabruptos que involucraron al más pequeño y a los dos adolescentes; y además lo sindicaron, sin pruebas, de “narcotraficante” y protector de “asesinos”.
Una solicitada oficial sobre “La manipulación informativa en los medios de comunicación”, identificó los telenoticieros de Unitel y PAT, y los matutinos El Mundo, El Deber, La Razón, La Prensa, El Diario y El Potosí, además de la agencia ANF, entre los medios que la Vocería puso como ejemplo de faltar a la verdad.
“¿Quién debe desagraviar a quién?”, se preguntó Canelas en una entrevista concedida a La Razón, que un día antes le reclamó por su mutismo, mientras los dirigentes del gremio, sobre todo en Santa Cruz pedían un “desagravio” y protestaban contra las “turbas” masistas.
“Puedo mostrar una enorme cantidad de titulares de ese medio (El Mundo, SC) para demostrar cómo se maneja la información. La persona tiene una línea, el periódico tiene una línea, La Razón tiene una línea en la que, yo me acuerdo, a no ser que haya cambiado, no se admiten artículos que denigren a la gente sin pruebas”, dijo al desechar el inicio de juicios en los tribunales de imprenta porque “nos van a decir que estamos violando la libertad de expresión”.
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