En primer lugar, quiero subrayar que Evo Morales logró una gran victoria sobre la derecha y la dividió aún más, pero al precio de abandonar la idea de que la nueva Constitución debería servir para refundar el Estado boliviano. En efecto, con gran realismo político el gobierno consiguió desplazar la lucha del terreno del enfrentamiento social frontal, donde seguramente habría ganado pero con un alto costo en vidas, para llevarlo al del choque entre las fracciones parlamentarias, reforzando así, de paso, al Congreso como institución y a la Constitución como expresión política del consenso, cosas ambas que los prefectos de la Media Luna rechazaban.

Dado que algunos partidos de la oposición derechista, como Podemos, aunque son racistas no pueden proclamarlo pues tienen base en el occidente indígena y mestizo, el gobierno amplió la brecha que ya existía entre esos partidos y los prefectos fascistoides y negoció con los primeros, dentro de una sede legal y en la legalidad, la aprobación del referendo aprobatorio del nuevo texto constitucional que, sin embargo, tuvo que recortar o modificar de modo importante.

Los medios (todos de derecha) presentan como triunfo de los partidos opositores que Evo Morales sólo pueda relegirse una vez y, en consecuencia, si es relegido el año próximo sólo pueda gobernar hasta 2014. Pero de aquí a ese entonces habrá pasado mucha agua bajo los puentes y la actual crisis boliviana y mundial, de un modo u otro, tendrá otras características. Además, “hartos Evos hay en Bolivia” y bastarán para profundizar la revolución. Esa no fue, pues, una concesión importante. Sí lo es, y muy grande, la ambigua defensa de la propiedad privada como intocable y también la estipulación de que cuando se vote cuál será la dimensión máxima de los latifundios –si 5 mil o 10 mil hectáreas– los latifundios actualmente existentes no serán afectados y, además, no se tocarán las tierras que no sean absolutamente improductivas, de modo que bastará tener en un enorme latifundio diez vacas pastando y un boyero para que aquél cumpla una “función social” y no pueda ser dividido para dar tierra a los campesinos.

El acuerdo saca el conflicto del terreno del enfrentamiento entre los movimientos sociales y las clases dominantes y lo lleva al del conflicto entre los partidos, en las instituciones, al del conflicto interburgués. Es cierto que el mismo fue posible por la presión enorme de los movimientos sociales, incluso de los que, como la COB, critican por la izquerda o la ultraizquierda al gobierno, y por el cerco de todos ellos al Parlamento, pero fue éste el que decidió y no una victoria de los movimientos sobre los prefectos semifascistas ni de una de éstos sobre aquéllos. Es temprano para gritar que la revolución se institucionaliza, pero no para advertir que la Constitución no refunda Bolivia y no es más que un paso importante en ese largo camino.

* * *

EN ARGENTINA, el gobierno estatizó las Afore locales (las AFJP). Los bancos españoles (Santander, BBVA, sobre todo) y de otros países que lucraban a costa de los fondos de pensiones, chillan como cerdos desollados. Además, como en un mercado chico como el argentino esas Afore eran fuertes operadoras, la bolsa se derrumbó y, como después de la estatización de Aerolíneas Argentinas y de las AFJP, podría venir la restatización de grandes negocios dados a los privados, como la telefonía o el petróleo, también chillan y se asustan los capitalistas españoles de Repsol y de Telefónica. Hay por eso una enorme campaña de prensa internacional, con la CNN a la cabeza, contra la decisión correcta del gobierno argentino de acabar con el modelo impuesto a Chile tras el golpe sangriento de Pinochet e imitado por todos los neoliberales.

Es que el gobierno argentino defiende a los jubilados y considera que la jubilación –como la escuela o la sanidad– es un derecho, el derecho a una vejez digna, y no algo que sólo puede conseguir en el mercado quien pueda pagársela. Las AFJP, que movían 30 mil millones de dólares y cobraron 13 mil millones en comisiones, están siendo sometidas a investigación judicial por presuntas estafas y, además, tienen prohibido jugar en bolsa. No sólo el gobierno defiende un derecho sino que pone fin a un racket, a un grupo de delincuentes que se forran en España con sus ingresos ilegítimos y para nada bancarios en Argentina y en otros países latinoamericanos.

Hasta aquí no hay nada que objetar y la brutal campaña mediática y de la oposición no hace pie. Pero habrá que controlar de cerca el uso de los fondos estatales de pensiones y de los cinco mil millones de dólares anuales que dejan de ganancia. Porque la caída del precio del petróleo dará menor disponibilidad a Venezuela para comprar bonos argentinos, que además se devalúan, Argentina recaudará menos impuestos y sus ingresos por exportaciones serán menores, los subsidios a los servicios públicos serán más caros y los planes para dar trabajo exigirán grandes sumas, de modo que el gobierno se podría ver tentado a echar mano a esta nueva caja para pagar vencimientos de la deuda externa o para fines sociales justos pero sospechosos, porque toda obra pública en un periodo prelectoral lo es. Los trabajadores en actividad y los jubilados, y no sólo las oficinas estatales, deberían, por tanto, controlar que los fondos para las jubilaciones ni se jueguen en la especulación bursátil ni vayan al bolsillo del gobierno como si fueran una caja chica del mismo.

Guillermo Almeyra (La Jornada)/ va.prensa-latina.cu

Encuentro Internacional de Solidaridad, Santa Cruz, del 23 al 25 de octubre del 2008

A Arica llegará la caravana de solidaridad con Bolivia que viene por tierra y ya ha recorrido todo Chile. Ello con el fin de participar en el Encuentro internacional de solidaridad con Bolivia.

En Santa Cruz (Bolivia), del 23 al 25 de octubre del 2008, tendrá lugar el Encuentro Internacional de Solidaridad con Bolivia, que reunirá a delegaciones de organizaciones indígenas y movimientos sociales de todo el mundo. Este encuentro está convocado a nivel internacional por la CONAIE, ECUARUNARI (Ecuador), Movimiento de los Sin Tierra (Brasil), ONIC (Colombia), el Consejo de Todas las Tierras (Chile) y Vía Campesina.

Los objetivos son:

a) Conocer a profundidad y reflexionar sobre la situación política, económica y social por la que atraviesa Bolivia en estos momentos históricos.

b) Analizar la estrategia geopolítica de intervención, dominación y divisionismo de los EE.UU. y los sectores oligárquicos en la región y particularmente en Bolivia.

c) Construir estrategias alternativas que profundicen y complementen la integración y unidad de los pueblos tanto nacional como regional frente a los planes oligárquicos e imperialistas.

d) Constituir el Comité de Solidaridad Internacional con Bolivia para defender de manera colectiva el proceso revolucionario liderado por el Presidente Evo Morales Ayma.

Organizaciones de Chile

Las organizaciones Consejo de todas las tierras (mapuche), La Red de participación indígenas de Calama (Quechua y lickanantay) y el Consejo Autónomo aymara de Arica, están coordinando la caravana de solidaridad con Bolivia que partió desde Santiago de Chile el 19 del presente. Antes de salir a las 11:00 hrs. se realizó una ceremonia religiosa en el Cerro Huelén- Santa Lucía. La caravana llegará Arica el martes 21 por la mañana y las 11:00 hrs. Realizará una ceremonia de los pueblos indígenas presente en la cima del Morro de Arica.

Están todos y todas invitad@s a compartir la ceremonia y despedir la caravana de solidaridad con Bolivia que será posterior a la ceremonia.

Agenda del encuentro internacional de solidaridad con Bolivia

Primer día

1)Proceso histórico de lucha del pueblo boliviano: Herencia de Tupac Katari, Bartolina Sisa y el Che. Guerra del Agua, nacionalización de los recursos naturales, Constitución Política (Sumak Kawsay) y perspectivas de liberación.

2) Intervencionismo norteamericano y oligárquico, proyectos de desestabilización de gobiernos revolucionarios en Latinoamérica, luchas de resistencia y perspectivas de acción en el ámbito nacional y regional.

3) Proyecto revolucionario vs. proyecto separatista autonómico en Bolivia, objetivos, estrategias y perspectivas.

4)Papel de las organizaciones indígenas, movimientos sociales y sectores progresistas en la construcción de la democracia desde los pueblos y para los pueblos.

Segundo día

5) Lucha por los derechos humanos en Latinoamérica, racismo y violación de Derechos humanos en Bolivia.

6) Testimonios de violación de derechos humanos en Bolivia de parte de grupos separatistas y terroristas.

7) Alternativas de integración política, económica, y cultural entre los gobiernos y los pueblos ante el impacto del ALCA, TLCs con EE.UU. y UE, la CAN.

Alternativas de solidaridad con el Gobierno presidido por el Hermano Evo Morales Ayma y el pueblo boliviano a corto mediano y largo plazo.

9) Constitución del Comité de Solidaridad Internacional con Bolivia y resoluciones generales.

Tercer día

Marcha por la vida, los mártires de Pando y por la dignidad del pueblo boliviano.

Mapuexpress/ rebelion.org 

El comité civil-empresarial de Santa Cruz (este) emitió un comunicado en las últimas horas para ”rechazar enfáticamente la negociación del voto del pueblo ocurrida ayer (martes) en el Congreso Nacional” y asegurar que su demanda de gobiernos autónomos no ha sido incorporada a plenitud por el nuevo proyecto de texto constitucional.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por lograr un acuerdo en el Congreso con el fin de llegar a una salida pacífica en Bolivia, tres prefectos separatistas y algunos senadores opositores rechazaron la convocatoria a referendo para la nueva Constitución Política del Estado, luego de una maratónica sesión de 18 horas, informaron este miércoles medios locales.

Los opositores son los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Chuquisaca, Savina Cuéllar; y el de Beni, Ernesto Suárez.

Cuéllar manifestó que hará campaña por el “no”, mientras su homólogo de Beni, dijo que el texto vulnera la opción por el autonomismo de su región.

En tanto Costas, que es el máximo representante de la oposición al presidente Evo Morales, declaró que las reformas a la Carta Magna acordadas por congresistas pro gubernamentales y la oposición avalan la intención del presidente que, según ellos, “desde un principio ha intentado perpetuarse en el poder a la fuerza”.

Sin embargo, este martes quedó aclarado en el acuerdo político, que el primer mandatario sólo puede postularse por una vez a la presidencia en las elecciones generales anticipadas de diciembre de 2009, para el periodo 2009-2014.

En tanto, el comité civil-empresarial de Santa Cruz (este) emitió un comunicado en las últimas horas para ”rechazar enfáticamente la negociación del voto del pueblo ocurrida ayer (martes) en el Congreso Nacional” y asegurar que su demanda de gobiernos autónomos no ha sido incorporada a plenitud por el nuevo proyecto de texto constitucional.

Costas también criticó el texto y dijo que el Congreso lo que ha hecho ha sido “maquillar la Constitución” y aunque dijo que “sirve para algo” anunció que no va a “ser ingenuo ni incauto” y va a “seguir en esta resistencia democrática”.

Para Costas, el Movimiento al Socialismo (MAS) lo que ha hecho ha sido “postergar su proyecto” porque no pudo “imponer su Constitución”, al tiempo que agregó que la resistencia que se lleva a cabo en Santa Cruz, “ahora tiene más sentido que nunca”.

A pesar de las extensas discusiones y de haber reformado unos 100 de los 414 artículos de la nueva Constitución por medio del acuerdo político entre el gobierno y la oposición democrática, así como la convocatoria a referendo popular para aprobar, o no, la nueva ley fundamental en enero de 2009, la disminución, a una sóla oportunidad, de reelección presidencial y el adelantamiento general de elecciones para diciembre del próximo año, estos prefectos se oponen a todo lo acordado.

El Congreso bicameral de 157 miembros avaló esos acuerdos, con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

Senadores y diputados rechazan

El presidente del Senado, Óscar Ortiz, de la alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), después de confirmar en la televisión PAT que votó contra la convocatoria del referendo, dijo que en el proyecto “persisten muchos problemas”.

“En función de cómo se va a aplicar el texto en el futuro, aún se podrían repetir las preocupaciones que planteamos y por las cuales tenemos observaciones”, agregó Ortiz, senador por Santa Cruz.

Para el senador Ortiz, “en el Movimiento al Socialismo la tendencia que impera sigue siendo antidemocrática” por lo que dijo que “la lucha por la defensa de la democracia y la libertad es muy larga todavía”.

En tanto, el diputado de Podemos Pablo Klinsky, jefe de la brigada parlamentaria de Santa Cruz, tras votar en contra de la ley de convocatoria del referendo, denunció en Universal de Televisión (Unitel) que los congresistas fueron “secuestrados”.

Mientras la oposición promueve el “no” el presidente Evo Morales señaló este miércoles que recién comienza la campaña nacional por el Sí a la nueva Constitución Política del Estado.

El mandatario explicó que corresponde, entre otros, a los movimientos sociales del llamado Pacto de Unidad, el mérito de negociar las modificaciones en más de 100 de los 400 artículos del actual proyecto de carta magna.

TeleSUR - Efe -Prensa Latina/ in - PLL

Los senadores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Rojas, y del opositor Poder Democrático Social (Podemos), Luis Vásquez Villamor, a la conclusión de una reunión definitoria, informaron a la prensa que se alcanzaron importantes acuerdos para responder al pueblo boliviano que se concentra en la Plaza Murillo.

Rojas informó que el acuerdo fijó la fecha del referendo constitucional el 25 de enero de 2009, y dijo que el consenso establece llevar adelante las elecciones nacionales en diciembre de 2009, de aprobarse en el referendo, la nueva Carta Magna.

“Nuestro Presidente iba ha contabilizar estos tres años y medio como un primer periodo. El Mandatario estaría candidateando el 2009 por cinco años de Gobierno, luego de ello ya no tendría derecho de ser candidato”, afirmó el parlamentario del MAS.

El senador del opositor de Podemos, Luis Vásquez, dijo que ya se zanjaron las observaciones y que lograron evitar que Morales Ayma se prolongue indefinidamente en el poder.

“Son temas esenciales que han sido resueltos y allanados. Una vez más Podemos a contribuido sustancialmente por la pacificación del país, para evitar enfrentamientos y hemos contribuido sustancialmente a modificar un proyecto que aparentaba ser totalitario”, firmó.

El ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Carlos Romero, afirmó que el tema de la reelección no debe ser más el argumento de la oposición para chantajear la instalación del Congreso Nacional y aprobar el referendo constitucional.

Romero explicó que con esta decisión se acorta el mandato del Presidente, Vicepresidente y los parlamentarios una vez que se apruebe la nueva Carta Magna.

Evo Morales podrá participar de las elecciones con la nueva Constitución por un nuevo periodo constitucional, pero no ser reelecto, que era la obsesión que atemorizaba a los partidos opositores.

“El Presidente de la República de una manera muy desprendida ha planteado eliminar en los hechos la reelección, la Constitución Política del Estado no tiene carácter retroactivo, jurídicamente la elección y la reelección debiera correr para lo venidero sin contar este periodo constitucional actual”, dijo el representante del Gobierno en el diálogo político.

/aporrea.org

Miles de marchistas encabezados por el presidente Evo Morales llegan este lunes a la ciudad sede del gobierno boliviano para demandar una nueva Carta Magna que cierre la discriminación y el racismo, y abra las puertas a la construcción de un Estado solidario e inclusivo que se reconozca en el espejo de la historia.

El Primer Mandatario, el pasado 13 de octubre, sentenció, al inicio de esa movilización, que “la marcha es histórica” y destacó los principios del nuevo texto constitucional, y aseguró que transformará al país en el marco de una revolución democrática.

Una gigantesca columna que se extiende por al menos 8 kilómetros de dignidad, recorrió el asfalto de la carretera Oruro - La Paz durante una semana, en la que sus protagonistas escribieron una página auténtica, aunque aún inconclusa, que solo será cerrada con la aprobación de la nueva Constitución.

A la cerrada oposición que sellaron los sectores más duros del viejo sistema político, le salieron al paso miles de bolivianos que hoy se encuentran en las carreteras y millones que ratificaron en las urnas el proceso de cambio el pasado 10 de agosto, mas allá de su militancia política.

Las hileras más grandes, con miles de marchistas, son las que vienen desde Caracollo, a 199 kilómetros al sur de la ciudad sede de gobierno; la de los campesinos ponchos rojos desde Huarina, a 75 kilómetros al noreste; y la este lunes arrancará en la Cumbre, con cocaleros de la tórrida región de los Yungas.

La caminata iniciada el pasado 13 de octubre por cerca de 10 mil marchistas creció conforme pasaban los días hasta conformar una columna que testimonia todos los rostros de una Bolivia diversa, que se sacude de los eslabones del sometimiento y la marginación.

“Esta nueva Carta Magna favorece a nuestros pueblos, ya que nos brinda la posibilidad de poseer tierras para trabajarlas”, resume Robin Rivero, indígena tacana que acompaña la movilización popular con el arco y flecha en sus manos.

Rivero sólo expresa una realidad que se multiplica en el oriente y en el Chaco boliviano. Unos pocos se atribuyen las grandes extensiones de tierra para aprovecharlas y privan de ese derecho a miles.

En la columna humana se confunden personas a quienes se intentó separarlas por el color de su piel, por el acento de su voz  o por el área geográfica donde habitan, pero la marcha mostró con su inapelable veredicto que más allá de ser collas o cambas, son bolivianos y bolivianas.

“Queremos mostrar la otra cara de la juventud cruceña, allá no solamente es la Unión Juvenil Cruceñista, nosotros somos la alternativa”, declara Miguel Ángel Ruiz,  mientras avanzaba en la columna a paso firme junto a sus compañeros con la bandera cruceña y la tricolor en sus manos.

Los jóvenes cruceños que acompañan la movilización nacional por la nueva Carta Magna en su mayoría son profesionales, universitarios, hijos de gremiales, obreros, entre otros sectores.

“Nosotros apoyamos la marcha conscientemente, queremos la aprobación del referendo para la nueva Constitución, no nos dejamos meter el dedo a la boca”, matiza Ruiz.

Unos cientos de metros más adelante camina Ramiro Galindo Chávez, presidente de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz y asegura que “esta marcha continuará hasta llegar a La Paz y se quedará allí hasta que se apruebe la ley de convocatoria para el referendo de la nueva Constitución”.

Señala que “nadie podrá resistirse a la demanda histórica de todo el pueblo boliviano que se resume en la marcha”.

No obstante, en La Paz, un senador que en el pasado fue ministro de Gobierno y es dueño de grandes extensiones de tierra, intenta descalificar esa movilización democrática e impávido ante los micrófonos acusa: “no es verdad que la marcha será pacífica”, para luego advertir con que “habrán consecuencias”.

“Nosotros estamos marchando porque queremos que se apruebe la nueva Constitución, ya no queremos ver más violencia”, responde al senador de marras desde la carretera Luisa Apaza, una mujer discapacitada, que en su silla de ruedas recorrió el trayecto con su pequeña hija de dos años en sus brazos.

A pocas horas de que la marcha de Caracollo llegue a La Paz para demandar la nueva Carta Magna, los colegas de aquel legislador desnudaron que la violencia ejercitada en los últimos meses por los sectores duros no era por las autonomías, sino para truncar el proceso político iniciado el 17 de octubre de 2003.

Ese día, el pueblo boliviano echó de Palacio Quemado al último representante de un proceso enajenador de las riquezas nacionales iniciado el 6 de agosto de 1985. La lucha de octubre fue por la recuperación de las riquezas nacionales y la refundación del país mediante una Asamblea Constituyente.

Según señala el diputado Gustavo Torrico, quienes fueron parte del viejo sistema político centralista sólo se escudaron en las autonomías para esconder otros fines. La autonomía les sirvió para movilizar a sus regiones por una demanda hoy contenida en la nueva Constitución, consensuada tras la apertura del oficialismo.

Pese a que se incorporaron al nuevo texto constitucional 50 atribuciones legislativas para los gobiernos departamentales autónomos -30 exclusivas y 20 compartidas con el Estado- los “autonomistas” se negaron a aprobar el referendo para que el pueblo apruebe o rechace la nueva carta fundamental del país y ponga en vigencia esa autonomía que tanto reclamaron.

Ante esa estrategia construida mediante el terror que impusieron sus grupos de choque (asaltos y saqueos de entidades estatales y masacre de campesinos) para evitar que Bolivia cuente con una nueva Carta Magna, la respuesta nuevamente vino de las carreteras.

“Juramos por la Pachamama (Madre Tierra), por el ajayu (alma) de Túpac Katari y Bartolina Sisa (héroes aimaras que lucharon contra el colonialismo español), regresar con la ley en la mano para refundar Bolivia”, exclamó ante miles de marchistas el presidente de la Conalcam, Fidel Surco.

Paso a paso, metro a metro y kilómetro a kilómetro, esa promesa fue construida por miles de bolivianos marchistas. Uno de ellos no llegará a La Paz porque perdió la vida arrollado por un vehículo la noche del sábado.

Pero entre quienes marchan se encuentra una veintena de argentinos y otro número similar de trabajadores brasileños en solidaridad al proceso político que vive Bolivia.

“Somos una delegación de Argentina para respaldar esta movilización, fuimos invitados por las organizaciones campesinas de Villazón de la frontera con Bolivia”, indica el representante del Movimiento Social del Pueblo de Argentina, Helio Molina.

Varios grupos de médicos, bolivianos y cubanos, asisten a la multitud, cuyos protagonistas presentan malestares como ampollas en los pies, a causa de la caminata. Muchos fueron retornados a sus lugares de origen, pero la abrumadora mayoría persisten en su decisión de volver a sus pagos con el referendo entre sus manos.

“Otro malestar que se presenta es la diarrea por la mala alimentación, por la ingesta de comida guardada o también por la falta de agua”, apunta la funcionaria del Servicio Departamental de Salud de La Paz (Sedes), Juana Renjifo.

Pero la tos y los resfríos aquejan principalmente a las personas de tierras bajas, como aquellos marchistas que vienen de los pueblos indígenas del oriente, del Chaco y de la Amazonia boliviana.

La solidaridad de quienes no marchan quedó expresada en las ollas comunes que encontraron los caminantes a lo largo de la ruta, en el pan y en el abrigo que recibieron, en el agua con la que saciaron su sed; su sed de justicia para construir un mejor país.

Los bolivianos allende de las fronteras también aportaron lo suyo. Decenas de comunicados testimoniaron esa solidaridad y, en el caso de los residentes en Suecia, enviaron lo suficiente como para que cientos de marchistas puedan recibir comida.

“Saludamos y expresamos con este mínimo aporte solidario, a nombre de los residentes bolivianos en Suecia, a la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), la Central Obrera Boliviana (COB)”, aseguró José Vargas, a nombre de Federación de Asociaciones Bolivianas de Suecia (Fedbol), desde la ciudad de Uppsala.

Mientras la columna llegaba pesadamente a la población de Achica Arriba, a sólo 35 kilómetros de La Paz, el dirigente minero Pedro Montes sentencia: “Esta marcha será un ejemplo de liberación para los pueblos de Latinoamérica”.

Esa voz parece retumbar en la carretera, entre los hombres las y mujeres, entre los jóvenes y los niños del campo y de las ciudades que marchan, tan disímiles como las regiones de donde vienen, pero tan cercanos y hermanados en su lucha por la refundación de Bolivia.

/ ABI// va.prensalatina.cu

En los últimos seis años han sido asesinados 1.253 indígenas y expulsados 54.000

El castillo construido sobre una burbuja de popularidad del presidente Uribe parece empezar a caerse. Nunca en los 6 años que lleva el mandatario en la presidencia se habían registrada tantas protestas ni en duración, ni en intensidad, ni en participación. La figura presidencial construida sobre una retórica beligerante ha escondido los temas sociales detrás del “sacrificio para ganar la guerra contra los terroristas”. Pero ahora los problemas de la vida real de los colombianos están explotando agraviados por una crisis económica que golpea muy duro al país.

Desde el 12 de Octubre, el mal llamado día de la raza, que la retórica occidental señala como el día en que América fue descubierta, olvidando que ya estuvo habitada, la protesta Indígena se ha sumado a la de varios sectores sociales ya movilizados. El sector judicial ha terminado ayer un paro de 43 días, algo sin precedentes; los corteros de caña de la región del Valle del Cauca llevan más de un mes ocupando los ingenios, pidiendo dignidad y contratación directa con un salario justo; los transportadores han terminado un largo paro hace pocos días. El sector estudiantil prepara un levantamiento para el día 23 y la Registraduría General empieza hoy un paro indefinido.

El 12 se inició la Minga de los pueblos conmemorando los 516 años de resistencia, las movilizaciones se desarrollan por todo el país y esto ha sido un catalizador de la protesta recibiendo apoyo moral y material nacional e internacional. A la Minga se han sumado la CUT (Central Unitaria de los Trabajadores), la más grande del país, el sector judicial (Asonal Judicial), los corteros de caña, el sector de la educación, sectores campesinos y muchos más. Una vez más los pueblos indígenas colombianos, 102 contando los que no son oficialmente reconocidos, están demostrando ser la consciencia y la fuerza moral de un país que se ha olvidado cómo pelear por sus derechos, emborrachado por la retórica presidencial. Este resultado no es casual, los indígenas colombianos, y más que todo los Nasa, ha venido tejiendo relaciones con otros sectores sociales desde hace años en el intento de encontrar puntos comunes mínimos sobre los cuales construir una serie de acciones comunes para intentar romper las divisiones históricas de los actores sociales colombianos.

Las razones de la lucha

En esto momento, en varios departamentos del país (Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Chocó, Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Huila, Casanare, Meta y Boyacá) miles de indígenas siguen movilizándose pidiendo diálogo con el gobierno sobre 5 puntos fundamentales, que, como ellos dicen, contienen muchos más. (1)

Una de las razones de las movilizaciones es el número de homicidios de indígenas que se ha incrementado mucho en las últimas semanas. Según la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia): “Durante los últimos seis años han sido asesinados 1.253 indígenas en todo el país […] cada 53 horas un indígena es asesinado […] y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales”. Solo en los últimos 15 días han sido asesinados 19 indígenas.

Otra razón es el incumplimiento del Estado de los acuerdos firmados con las comunidades. Un ejemplo representativo es el del pueblo Nasa. El 21 de diciembre de 1991, 20 indígenas, incluidos mujeres y niños, fueron masacrados con la complicidad de la fuerza pública en lo que se conoce como la masacre del Nilo. El Estado fue responsable de esta masacre y así lo reconoció internacionalmente y se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en materia de justicia, reparación individual y colectiva. El propio ex Presidente Ernesto Samper pidió perdón públicamente a nombre del Estado colombiano a las víctimas de esta masacre, a sus familiares y al pueblo Nasa. Hasta hoy estos acuerdos no han sido respetados, mas aun, el actual Gobierno se comprometió, el 13 de septiembre de 2005, a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Hasta hoy no se ha cumplido la restitución de 15.000 hectáreas al pueblo Nasa.

Los indígenas se oponen también a una serie de leyes como el Estatuto Rural, el Código de Minas, Leyes y planes de aguas, la ley de bosques, impulsadas por el gobierno de Uribe, que “optan por favorecer los intereses económicos y contribuyen al despojo territorial”, según la ONIC. Estas leyes se oponen al artículo 120 de la constitución del 1991 que señala: “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley”.

En los últimos 6 años, siempre según la ONIC, 53.885 indígenas han tenido que dejar sus tierras y hoy 18 pueblos indígenas colombianos están en riesgo de desaparecer porque les quedan actualmente menos de 200 habitantes y diez tienen menos de 100. Como ellos reiteran: “indígena sin tierra es indígena muerto”.

Estos derechos a la tierra y a la vida están contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, firmada por todos los países latinoamericanos con excepción de Colombia. Hoy los indígenas se movilizan también por su aprobación en este país.

Estas son las razones que están atrás de la gran movilización de los Indígenas que piden un encuentro directo con el presidente Uribe.

Los comunicados de la ONIC traen la siguiente información sobre las acciones: en Tolima, cerca de 2.000 indígenas Pijaos y Nasas marchan entre El Guamo y El Espinal de forma pacífica, al igual que otros 400 indígenas Embera Chamí en Armenia, capital de Quindío. En Caldas, sigue la concentración en el municipio de Riosucio, así como los indígenas en El Chocó mantienen la toma pacífica de la Defensoría del Pueblo en Quibdó. Dentro de la sede de la Defensoría hay más de 300 indígenas Emberá Dóvida y Katios trabajando en comisiones con autoridades regionales en temas como salud, educación o seguridad alimentaria. Afuera, una cantidad similar de indígenas respaldan la toma pacífica.

En el Valle del Cauca, en la vía que conecta a Palmira con Popayán, la Florida y Pradera, en la glorieta del puente de ese lugar, están más de mil indígenas Emberas Chami, Eperaras Siapidaras y Wannan. En Huila, 9 “chivas” que salían desde los resguardos han sido detenidas por las autoridades, luego de requisar a cada uno de los más de 500 indígenas, no los quisieron dejar pasar.

En Guajira: a pesar del invierno y los desastres en muchas de sus rancherías en Manauare y en las mediaciones de Riohacha, los Wayúu se movilizan en la ruta del Sombrero con rumbo a la capital de la Guajira. Los marchantes, desde el viernes, vienen sanando el territorio con cantos, danzas, ceremonias y con la reafirmación de la palabra; los recibirán indígenas Wiwas, estudiantes indígenas y otros sectores. El punto de encuentro es la Universidad de la Guajira.

En Córdoba: miles de indígenas Zenú y Emberas Katios del Alto Sinú y del Alto San Jorge, se unen en esta Minga, por la dignidad y derechos de los pueblos indígenas, En total, se calcula que alrededor de 40 mil indígenas han salido a carreteras y centros municipales para unirse a la Minga Nacional de Resistencia Indígena.

La María

Los enfrentamientos más duros se han dado en La María-Piendamó (Cauca) en donde 20.000 indígenas de las etnias Guambiana, Nasa, Yanacona, Totoró, Coconuco y Eperara-Siapirara se han tomado la carretera Panamericana entre Cali y Popayan, para llamar la atención nacional.

El Estado ha enviando el escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD), declarando que en 10 minutos despejaría la carretera. La resistencia de los Indígenas se ha mantenido por más de 24 horas y después de dos días, en este momento la carretera parece nuevamente tomada.

En la María se generó un enfrentamiento extremamente violento durante el cual se han registrado más de 70 heridos entre los indígenas y dos muertos, uno de los cuales es Ramos Valencia, proveniente del resguardo Tacueyó, que ha recibido una bala en la cabeza, que le atravesó de lado a lado.

Lo que ha pasado en este resguardo ha sido de extrema gravedad. La policía nacional, bajo la responsabilidad del presidente Álvaro Uribe, el gobernador del Cauca Guillermo González Mosquera y el comandante del ESMAD, coronel Jorge Cartagena, ha utilizado armas no convencionales contra la población indígena que se defendía solo con bastones de mando y piedras. La fuerzas policiales, además de gases, machetes y garrotes, han utilizados fusiles de balas y tiros recalzados que son una mezcla de pólvora negra, puntillas, tachuelas y vidrios que, al detonar, generan una descarga de esquirlas. Algunas de estas granadas no convencionales no explotadas han sido entregadas a delegados internacionales que desde el día miércoles están presentes Maria Piendamó.

La comunidad internacional se dio cuenta de la gravedad de los hechos y está acompañando la movilización. Han llegado funcionarios de las embajadas de Canadá, Suecia, Suiza, Estados Unidos y España y representantes de Naciones Unidas y de la Comunidad Europea, ACNUR, OCHA y UNICEF. Los visitantes han pedido a la fuerza pública no invadir el resguardo de la Maria porque, según la Constitución nacional, las autoridades indígenas son autoridad estatal en sus resguardos. Y los resguardos no pueden ser allanados sin la previa aprobación indígena. La fuerza pública, una vez recuperada la carretera, se infiltraron en el resguardo y quemaron varias viviendas.

Además del ataque a bala, los comuneros indígenas han sido víctimas de una ofensiva mediática vergonzosa.

Ofensiva mediática

Varios medios de comunicación no han hecho más que citar fuentes gubernamentales, sin darse la pena de ir a verificar las noticias, y acusan a las Indígenas de utilizar armas de fuego y de estar infiltrados por la guerrilla de las FARC.

Contra estas mentiras hablan los hechos, los muertos y los heridos indígenas documentados en fotos. El proceso de toma de la carretera es una decisión que viene desde abajo, los comuneros en asamblea proponen a los gobernadores de sus cabildos las acciones a tomar, ellos se reúnen, deciden y reportan a las asambleas, no hay guerrilla, hay las decisiones de un pueblo extremamente consciente que toma decisiones en manera comunitaria.

La criminalización de la protesta es un ejercicio muy practicado en Colombia en donde las FARC se trasforman en la excusa para aplastar los movimientos sociales. Según el Presidente, guerrilleros son los estudiantes, los corteros, los jueces, los indígenas, los profesores, los trasportadores y los campesinos. Si así fuese, su política de seguridad democrática seria un verdadero fracaso, estando todo el país infiltrado por la guerrilla.

Los mismos que acusan de ser guerrilleros a los campesinos son los que están juzgados por crímenes de paramilitarismo, estos si reales, como demuestran los 60 parlamentarios involucrados en el escándalo de la parapolitica, o el mismo ex gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, que tanto ha atacado los indígenas Nasa. Chaux, luego de haber desempeñado el cargo de gobernador, fue nombrado por el presidente Uribe, embajador en República Dominicana, función a la tuvo que renunciar por sus probadas conexiones con el paramilitarismo.

Mientras terminamos estas notas llegan noticias de una nueva toma de la carretera en la María y nuevos ataques con armas de fuego por parte de la policía y el ejército.

La represión de estos días se está dando en el marco de las más grandes protestas contra el gobierno Uribe, hoy mismo se espera una gran marcha de apoyo a los pueblos Indígenas en la capital Bogotá.

Simone Bruno es periodista italiano.

Notas
(1) Los 5 puntos se pueden consultar en: http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8925
(2) Escuchar los últimos audios difundidos en: http://www.nasaacin.org/audios/octubre_08/17mingareportepescador9am17oct.mp3

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Tres de ellos murieron tras la represión policia contra la protesta indígena conocida como “la minga indígena y popular por la resistencia”, que se realiza en La María, a 600 kilómetros al suroeste de Bogotá. Los indígenas piden la devolución de sus tierras.

Tres personas habrían fallecido, entre ellos un niño, y la cantidad de heridos ascendería a un centenar, como saldo de la represión policial contra la protesta indígena que se lleva acabo en La María, a 600 kilómetros al suroeste de Bogotá, donde se encuentran concentrados más de 10 mil personas, en la movilización conocida como “la minga indígena y popular por la resistencia”.

La información fue divulgada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). La policía, por su parte, señaló que cinco uniformados han resultado lesionados. Los manifestantes denuncian la utilización de armas no convencionales y exceso por parte de la fuerza pública.

Los indígenas reclaman que el gobierno cumpla con las devoluciones de sus tierras, pactadas en los últimos 15 años y con el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas. A la reclamación, el presidente Álvaro Uribe respondió que la obligación del gobierno era adquirir 15.663 hectáreas para entregárselas a los indígenas, de las cuales, aseguró, “se han comprado 11.866 hectáreas y faltan 3.796 hectáreas”.

Hasta siete asesinados en días pasados

Pero además el Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN, denunció la muerte de otros siete indígenas en días pasados, varios de ellos presuntamente víctimas de la organización paramilitar “Águilas Negras”.

Dice el comunicado: “El pasado 6 de octubre (…) fueron asesinados Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol y Cesar Largo Alarcón, indígenas Embera Chamí. (…) El día 12 de octubre, el comunero Nicolás Valencia Lemus fue asesinado en la vía que conduce al municipio de Toribio Cauca. Los asesinos, que también se identificaron como integrantes de las “Águilas Negras”, pusieron a Nicolás en estado de indefensión y lo asesinaron en presencia de su mujer y su hijo. Apenas unas horas más tarde fue cegada la vida de Celestino Rivera, indígena perteneciente al resguardo de Jambaló y habitante de la vereda de Zumbido, su cadáver presentaba dos disparos de fusil en el cráneo. También habrían sido asesinados dos Indígenas Yanaconas del cabildo El Paraíso, municipio La vega, en la zona sur del Macizo colombiano, en hechos aún no aclarados”.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) acusó este miércoles en un comunicado al escuadrón antidisturbios de la Policía de disparar a los manifestantes. “A punta de bala de fusil nos atacan, más de 10 heridos a bala, nos van a masacrar”, afirmaron. A medida que pasan las horas la situación se torna más violenta, decenas de heridos, disparos, tanquetas, lanzamiento de gases lacrimógenos es el panorama que deja la jornada de resistencia indígena.

Germán Valencia representante de derechos humanos, en testimonio ofrecido a TeleSUR, denunció que la fuerza pública recarga los gases y los llenan con puntillas, tachuelas y varillas. “Eso es lo que están tirando a la gente, eso es el diagnóstico de los heridos que en este momento tenemos en el centro de salud” apuntó Valencia.

Esta agresión motivó a la asociación de cabildos indígenas a solicitar protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una conferencia de prensa en Bogotá, el líder indígena Berito Cobaría, de la etnia Uwa, afirmó que no interrumpirán los bloqueos en la carretera Panamericana hasta que el presidente Álvaro Uribe acuda a conversar con ellos.

Uribe los acusa de terroristas

El presidente colombiano, Alvaro Uribe, denunció este miércoles la infiltración de terroristas en las movilizaciones indígenas que se realizan en varias regiones del país y que han dejado tres aborígenes muertos y un centenar de heridos.

“Se infiltran terroristas, nos masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia, y enseguida nos acusan ante la comunidad internacional, porque simplemente nosotros actuamos y evitamos los bloqueos y enfrentamos la violencia”, precisó Uribe en una declaración pública.

Por su parte, el director de la policía, general Oscar Naranjo, afirmó que durante las protestas han quedado heridos 19 policías, y que uno de ellos perdió sus manos al manipular un bulto que se encontró en uno de los sitios de los enfrentamientos.

Comunicado de CECOIN
Colombia: Frente a los justos reclamos indígenas la respuesta es el terror y la muerte
De las ejecuciones extrajudiciales se pasó a la abierta represión de la movilización

El Centro de Cooperación al Indígena CECOIN hace un llamado al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los distintos organismos internacionales relacionados, para que adelanten acciones tendientes a detener las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los y las indígenas que adelantan movilizaciones en distintos puntos del territorio nacional.

En los departamentos del Cauca, Huila, Valle, Chocó, Caldas, Risaralda, Atlántico, Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre, Arauca, Meta y Norte de Santander, se vienen adelantando diversas acciones de protesta contra las iniciativas legislativas y administrativas que lesionan los derechos de los Pueblos Indígenas y la integridad de sus territorios, especialmente el Estatuto de Desarrollo Rural (ley 1152 de 2007) y los Acuerdos de Libre Comercio. Así mismo, la movilización está orientada a reclamar el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional en materia de Reparación y el respeto a las normas nacionales e internacionales que los protegen. Indígenas Nasa, Kokonukos, Yanacona, Guambianos, Embera, Eperara Siapidara, Wounaan, Barí, Kankuamos, Mokaná, Wiwa, Arhuacos, Senú, Sikuanis, Piapocos, Salibas y U´wa manifiestan su voz de protesta a lo largo del territorio nacional.

Pero a pesar de la justicia que soporta las demandas indígenas, la minga inició su camino vestida de luto. El pasado 6 de octubre en el Resguardo Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña, cerca al municipio de Riosucio, Caldas, fueron asesinados Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol y Cesar Largo Alarcón, indígenas Embera Chamí. En los mismos hechos resultó herida la mayor de 70 años María Angélica Alarcón. Dicha acción es atribuida a las denominadas “Águilas Negras”.

El día 12 de octubre, el comunero Nicolás Valencia Lemus fue asesinado en la vía que conduce al municipio de Toribio Cauca. Los asesinos, que también se identificaron como integrantes de las “Águilas Negras”, pusieron a Nicolás en estado de indefensión y lo asesinaron en presencia de su mujer y su hijo.

Apenas unas horas más tarde fue cegada la vida de Celestino Rivera, indígena perteneciente al resguardo de Jambaló y habitante de la vereda de Zumbido, su cadáver presentaba dos disparos de fusil en el cráneo. También habrían sido asesinados dos Indígenas Yanaconas del cabildo El Paraíso, municipio La vega, en la zona sur del Macizo colombiano, en hechos aún no aclarados.

De las ejecuciones extrajudiciales se pasó a la abierta represión de la movilización, pues desde su inicio la reacción del Estado colombiano ha sido desproporcionada y lesiva de los derechos de los manifestantes. En el departamento del Huila, integrantes de las fuerzas militares bajaron forzadamente de vehículos de transporte público a comuneros indígenas que se dirigían a los puntos de encuentro. En Arauca, el comandante de la Brigada prohibió la marcha indígena amparándose, según él, en los Decretos de Estado de Conmoción Interior.

La movilización en los departamentos de Cauca y Valle ha sido constantemente agredida por efectivos del Escuadrón Movil Antidisturbios (ESMAD), del Ejército Nacional y de civiles armados que han atentado contra la integridad de los manifestantes. A tales hostilidades se suma el señalamiento del General Páez Varón, quien de manera calumniosa ha señalado a los marchantes de estar infiltrados por la guerrilla. Durante la movilización la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca fue privada de suministro eléctrico y la página web de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca fue objeto de sabotaje en varias oportunidades.

En el departamento del Cauca el número de heridos por armas de fuego y otro tipo de proyectiles va en aumento. De acuerdo con los datos del CRIC y la ONIC, dentro de los heridos se encuentran: Hermes Arbey Diaz, Mauricio Menza (herido en la frente con tiro recalzado), Benjamín Ramos (perdió un ojo y herido en el pecho), Enyi Ulcue (herido en la pierna con arma de fuego), Jhon Fredy Piñacue de 16 años (herido con garrote en la frente), Mario Cuetoto, Diomedes Quinto, Joaquin Cotocue, Milciades Tumbo, Jose Ferney Pardo, Adolfo Quitumbo, Harold Tucuyama, Delio Quitumbo, Hernando Campo, Aldemar Ramos, Luis Felipe NN, Marco Antonio Guejia, Lizardo Pete, José Manzano, Noraldo Chiripua (herido con arma de fuego en la mano izquierda), Francisco Dagua (dos heridas en la cabeza, una cortada en el rostro y una pierna herida), Harold Bubú, (dos heridas en la cabeza), Deiby Trochez Ramos (herido de gravedad en uno de sus ojos), José Alirio Ipia Quitumbo, Cristian Jesús Velasco, Luis Olmedo Guetoto, Miguel Ipia Yonda, José María Dagua Cayapú, Edgar Ipia Medina, Jhon Elver Gutiérrez, Mauricio Campo, Darío Elvis Trochez, Eduardo Tocoima, José Leonardo Chocué y Benjamín Ramos. De acuerdo con el último reporte de la ONIC, hasta la tarde del 15 de octubre habrían sido heridos 75 indígenas, al menos 16 con arma de fuego, mientras 30 de ellos se encuentran desaparecidos.

El comunero Mariano Morano Dizu, quien fuera herido con arma de fuego en el cráneo, el día 14 de octubre falleció en las últimas horas. De acuerdo con información proveniente de la Consejería Mayor del CRIC, integrantes del ESMAD asesinaron con machete a un comunero indígena que hasta ahora no ha sido identificado. Los reportes también señalan que personas de civil han ingresado en La María, Piendamo y han disparado contra la comunidad.

En el departamento del Valle indígenas Embera, Nasa y Eperara han bloqueado la carretera Panamericana que comunica al Cauca con Palmira y el Aeropuerto y a Cali con Florida, se reportan al menos 24 personas detenidas. En Risaralda los ataques de la Fuerza Pública dejan un saldo de 14 heridos En Caldas al menos 700 indígenas bloquean la vía Supía- Riosucio. En el Departamento del Atlántico se han movilizado los indígenas Mokaná y los estudiantes universitarios en el Puente Pumarejo de Barranquilla; en la Guajira los indígenas Wayuu marchan hacia el desierto de Punta Gallinas apoyados por Wiwas y Arhuacos; en Norte de Santander los Barí se han movilizado hacia Cucuta; indígenas de Córdoba y Sucre se han concentrado en el Parque Santander de Sincelejo; en Cesar los Kankuamo se han manifestado en Valledupar; en el departamento del Meta 700 indígenas Sikuanis, Piapocos y Salibas, se desplazan en este momento por la vía principal que del municipio de Puerto Gaitán conduce a Villavicencio, y se esperan otras marchas y concentraciones a lo largo del territorio nacional.

El Centro de Cooperación al Indígena, como organización al servicio del movimiento indígena, sus pueblos y sus organizaciones apoya de manera decidida las manifestaciones de protesta y movilización que vienen dándose en distintas regiones del país contra los acuerdos de Libre Comercio que mercantilizan los territorios y el conocimiento tradicional indígena; contra la Ley de Desarrollo Rural (1152 de 2007) que obstaculiza la titulación de propiedad colectiva indígena y legaliza el despojo a indígenas, afros y campesinos; contra la Doctrina de Acción Integral que procura ocupar los territorios indígenas y debilitar el Gobierno autónomo, y contra todas las iniciativas encaminadas a la violación de los derechos colectivos indígenas. Nos solidarizamos también con los trabajadores cañeros en paro y nos ponemos a su disposición.

Centro de Cooperación al Indígena CECOIN

Organización Indígena de Antioquia.

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