La multitudinaria marcha de los movimientos sociales por la Refundación de la Patria, que agrupa a representantes de todas las regiones del país, reanudó a las 04.00 de la madrugada del miércoles rumbo a Patacamaya en su tercer día de movilización, donde hacen una pausa este jueves a la espera de la sesión de Congreso Nacional.

Los marchistas resolvieron reanudar su pasó muy temprano porque en el día, principalmente al mediodía, el trayecto se hace pesado por el intenso sol. Este jueves de descanso lo aprovechan recuperar fuerzas y esperar lo que se decida en la sesión de Congreso que fue convocada para esta fecha.

En el camino las muestras de solidaridad se han multiplicado por lo campesinos que expresan su apoyo con aplausos, agua y algunos productos como pito y tostado.

La multitudinaria marcha de los movimientos sociales por la refundación de la Patria, que agrupa a representantes de todas las regiones del país, arribó a las 14.30 de este miércoles a la población paceña de Patacamaya en su tercer día de movilización, donde aguardará el jueves el pronunciamiento del Congreso Nacional.

Además se observó a desocupados, no videntes, pequeños empresarios, personas con discapacidad, universitarios, jóvenes, intelectuales, panificadores, ponchos rojos, juntas de vecinos, mineros, gremialistas, sin tierra, extranjeros, trabajadores del Brasil, entre otros participan en esta multitudinaria marcha, nunca manifestada en la historia democrática.

Los organizadores y los propios marchistas se han dado los modos para que no les falte el cobijo, la comida, la atención de salud menos la solidaridad entre los compañeros de lucha.

Con música, banderas tricolores, wiphalas, a paso firme y pese al sol asfixiante en el árido altiplano, los miles de caminantes respiraban con satisfacción el haber cumplido un tramo más del trayecto hacia la ciudad Sede de Gobierno.

Al arribo a Patacamaya, ubicado a 100 kilómetros de la Sede de Gobierno, se preparó una concentración en donde Surco emplazó a los congresistas a sesionar el jueves para dar viabilidad el referendo para la nueva Constitución.

Los principales dirigentes resolvieron declarar este jueves “jornada de descanso” para recuperar fuerzas y esperar lo que decida la sesión de Congreso Nacional que fue convocada para la tarde de esta fecha.

Se notó que los ánimos de los marchistas se fortalecen cada día que pasa por varios factores; como la sumatoria de más organizaciones sociales, la cercanía del objetivo y la solidaridad de los pobladores en el camino.

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(Prensa Latina/ABI)  La Paz, 13 oct (PL) Representantes de numerosos sectores sociales bolivianos comenzarán hoy una marcha desde la localidad de Caracollo hacia esta ciudad, en demanda de la convocatoria a referendo sobre la nueva Constitución.

Organizaciones populares de los nueve departamentos del país se reunirán en la comunidad perteneciente al departamento de Oruro para la inauguración de la caminata, con la asistencia del presidente de esta nación, Evo Morales.

Los organizadores de la movilización prevén llegar en una semana a La Paz, donde exigirán al Parlamento viabilizar la celebración de la consulta referida al proyecto de Carta Magna y otra acerca de la tierra.

El titular de la Coordinadora Nacional para el Cambio, Fidel Surco, anunció que antes de emprender la exigente medida de presión realizarán un consejo ampliado.

En esa reunión esperan analizar la invitación cursada por parlamentarios opositores para participar en el diálogo que lleva a cabo el Congreso con el fin de debatir el texto constitucional.

Nos han hecho llegar una carta invitándonos a sentarnos con la otra parte. Eso vamos a analizar la madrugada del lunes en Caracollo todos los dirigentes de los movimientos sociales para dar respuesta a esta carta, señaló.

La manifestación estará encabezada por la Central Obrera Boliviana, cuyo líder, Pedro Montes, dijo que todos los sindicatos fueron instruidos para formar parte de la marcha.

Asimismo, el principal dirigente de los campesinos del país, Isaac Avalos, explicó que ese sector reclamará la aprobación de la propuesta de ley de leyes para propiciar la refundación del estado nacional.

Varios asistentes a la movilización destacaron que las clases populares no pueden desperdiciar la oportunidad histórica de lograr el esperado cambio en el curso político de Bolivia.

Por otro lado, la comisión del Parlamento que valora el proyecto de Carta Magna reanudará sus deliberaciones, con el fin de agilizar la sanción de una normativa para la realización de los referidos plebiscitos.

Miles inician la marcha desde Caracollo por nueva CPE y con presencia de Evo

Caracollo (La Paz), 12 oct (ABI).- Llegaron desde el norte, sur, este y oeste del país para conformar una columna que marchará para que el pueblo se exprese en las urnas sobre el país que heredarán sus hijos, para cambiar una Bolivia cercada hasta hoy por intereses ajenos. Serán miles, pero llevarán la voz de millones cansados de ser inquilinos en su propia tierra.

Es la marcha que partirá desde esta población del altiplano orureño y esos miles recorrerán a pie 199 kilómetros hasta llegar a La Paz, el centro político del país, hoy como ayer, el eje donde se deberán tomar decisiones para viabilizar la voluntad de esos millones en un referendo histórico sobre la nueva Carta Magna que se anuncia marcará un antes y después de la historia boliviana.

Será el propio presidente Evo Morales quien iniciará la caminata de cambas, collas, chapacos, chaqueños, indígenas de las tierras bajas y altas, acompañados de trabajadores de los nueve departamentos del país, jóvenes, empresarios comprometidos con su tierra, universitarios y representantes de al menos 27 organizaciones sociales aglutinados en la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam).

Aunque la principal demanda es la aprobación congresal de la Ley de Convocatoria al Referendo Dirimidor y Aprobatorio del proyecto de nueva Constitución Política del Estado, la movilización también exigirá legalizar el voto de los bolivianos en el exterior y reivindicará la unidad del país.

Fidel Surco, presidente de la Conalcam, indicó que la marcha de los sectores sociales concluirá el lunes 20 en La Paz. Aunque al principio se preveía un cerco al Congreso Nacional, esa intención fue descartada por una fiesta democrática.

Surco manifestó que esa movilización estará acompañada por la banda de música Pagador de Oruro, además de otros conjuntos que alegrarán a los marchistas.

En tanto que el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Ávalos, señaló que este sector de forma masiva participará en la marcha por una nueva Constitución Política del Estado.

Informó que las nueve federaciones departamentales y al menos 20 regionales campesinas aseguraron su presencia.

Ávalos aseguró que la misma situación se repite en las organizaciones con representación a nivel nacional como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, colonizadores, gremialistas, entre otros, que también confirmaron su participación.

En tanto que el ente máximo de los trabajadores de Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) que agrupa a 67 sectores sociales, aseguró que encabezará la marcha desde la población de Caracollo rumbo a La Paz.

“Instruimos a todos los trabajadores del país a concentrarse este lunes 13 de octubre a las 09.00 en Caracollo para emprender esta gran marcha a la cabeza de la COB para reivindicar nuestros derechos”, manifestó el secretario ejecutivo de la central sindical, Pedro Montes.

En el marco de la histórica lucha del pueblo boliviano para construir su destino, con soberanía y dignidad, Caracollo se constituye en un centro aglutinador de las protestas sociales.

Desde esta población partió, a mediados de septiembre de 2003, la movilización popular que rechazó con fuerza inusitada la venta de gas a Estados Unidos por un puerto chileno. Esa rebelión social precipitó la caída del régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003.

No obstante, el pueblo tuvo que pagar un alto precio a su decisión de defender la soberanía nacional.

Al menos 64 personas murieron por la dura represión militar ordenada por el ex presidente, principalmente en El Alto, y otras nueve personas fallecieron en los meses subsiguientes porque no pudieron superar las secuelas de sus graves heridas.

La defensa de los recursos naturales en ese octubre negro también se saldó con más de 400 heridos, muchos de ellos, hoy lisiados, reclaman el enjuiciamiento de Sánchez de Lozada y sus ministros.

HISTÓRICA

En ese contexto, “la marcha será histórica”, afirmó el presidente Morales durante una concentración en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto, donde dio inicio a los trabajos de construcción de alcantarillado y conexión de agua potable.

La movilización que se inicia en Caracollo busca “la refundación de Bolivia con la aprobación de una nueva Constitución”, resaltó el Jefe de Estado.

Por ello, instó al Congreso Nacional deje al pueblo decidir con su voto si aprueba o no la nueva Carta Magna pues es “lo más democrático”.

“Esperamos que el Congreso escuche el pedido clamoroso del pueblo boliviano que es la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado”, sostuvo.

Morales destacó principios del nuevo texto constitucional al que se oponen algunos líderes autonómicos vinculados al viejo sistema político que enajenó los recursos naturales.

Morales indicó que en el proyecto constitucional el agua es reconocida como un servicio básico, por tanto un derecho humano y no un negocio privado.

Además de que ella no permitirá la instalación de ninguna base militar extranjera en el país y saldrá en defensa de la integridad y soberanía nacionales.

“Los que se oponen a la nueva Constitución Política del Estado -dijo Morales- es porque quieren que sigan colocándose bases militares y se oponen a la Renta Dignidad y al Bono Juancito Pinto que fueron constitucionalizados” en la nueva Constitución.

Asimismo Morales agradeció al pueblo alteño por el apoyo que le dieron en el referendo revocatorio del pasado 10 de agosto cuando alcanzó el 64.7 por ciento del apoyo nacional.

“De algo estoy sorprendido de la ciudad de El Alto, la votación ha sido más del 90 por ciento (en el referendo revocatorio) creo que la nueva Constitución va ser aprobada por el 99 o del 100 por ciento” en esta ciudad, afirmó Morales.

LA MARCHA

La marcha que espera llegar el próximo lunes 20 a la ciudad de La Paz, se iniciará en este municipio ubicado a 40 kilómetros de Oruro y a 199 de La Paz, a las 07.00 horas con destino a Panduro, donde espera llegar a las 18.00 horas.

El martes 14 dejará la población de Panduro a las 07.00 rumbo a Lahuachaca, siempre sobre la carretera Oruro - La Paz.

El miércoles 15 partirá, a las 07.00, de Lahuachaca con destino a la población Patacamaya, población ubicada a 130 kilómetros de Oruro y a 109 kilómetros de La Paz.

El viernes 17 dejará Patacamaya para dirigirse a Ayo Ayo, donde arribará a las 18.00 horas.

De Ayo Ayo partirá a las 07.00 horas del sábado 18 rumbo a la Kalamarca, de la que partirán el domingo 19 a las 07.00 con destino a Achica Arriba.

De la población de Achica Arriba partirán el lunes a las 05.00 para llegar a la sede de Gobierno a las 15.00 horas.

Serán 199 kilómetros que recorrerán los marchistas en una caminata que durará siete días.

LAS ORGANIZACIONES

Según un informe oficial de la Conalcam, 27 organizaciones sociales participarán institucionalmente de la movilización, amén de otras entidades que se sumaron en las últimas horas. El detalle es el siguiente:

1- Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB)

2- Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)

3- Consejo Nacional de Marcas y Ayllus de Bolivia (Conamaq)

4- Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob)

5- Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (FNMCIO-BS)

6- Central Obrera Regional de El Alto (COR de El Alto)

7- Confederación de Rentistas

8- Confederación de Maestros Rurales

9- Confederación de Gremiales

10- Confederación de Fabriles

11- Confederación de Panificadores

12- Confederación Nacional de Trabajadoras del Hogar

13- Federación Nacional de Cooperativistas Mineros (Fencomin)

14- Confederación Nacional del Transporte Libre (ATL)

15- Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba

16- Ex trabajadores del Plane

17- Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc)

18- Instituto de la Ceguera

19- Confederación de Luz y Fuerza

20- Consejo Nacional de Suyus Aymaras y Quechuas (Consaq)

21- Movimientos Sin Tierra (MST)

22- Consejo de Federaciones Campesinas Cocaleras de los Yungas (COFECAY)

23- Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMBE) 24- Empresarios Patriotas

25- Universitarios de Bolivia

26- Juventudes de Bolivia

27- Intelectuales de Bolivia

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Jeremy Bigwood asegura que seis documentos muestran un “intervencionismo alarmante”

Documentos desclasificados del Departamento de Estado estadunidense y copias de correos electrónicos cursados entre personal de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) en Bolivia, presentó hoy el periodista estadunidense Jeremy Bigwood como una “prueba clara” de que Washington, a través de varias entidades, “ha estado y continúa conspirando contra el gobierno” del presidente Evo Morales.

En rueda de prensa, el reportero presentó seis documentos obtenidos mediante la Ley para la Libertad de Información de su país, que demuestran “el intervencionismo alarmante” de Washington en Bolivia mediante la USAID y el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).

Aseveró asimismo que desde principios de los años 90, el gobierno de su país ha visto al entonces dirigente cocalero “como una amenaza para los planes de Estados Unidos en el hemisferio”.

Entre los documentos presentados por Bigwood se encuentran correos electrónicos cruzados entre el 12 y el 14 de febrero de 2007 por personal de la USAID en Bolivia, para organizar un almuerzo del embajador Philip Goldberg –expulsado del país en septiembre pasado– con dirigentes indígenas, con quienes trataría problemas que enfrentan con sus territorios.

En el intercambio de notas se mencionan los nombres de algunos caciques de organizaciones indígenas del oriente boliviano, algunos de los cuales son señalados como “aliados nuestros”.

Los documentos desclasificados que presentó el periodista corresponden a los años 2001, 2002, 2004 y 2006.

En uno de los textos, la embajada señala que un proyecto de reforma de los partidos políticos en Bolivia, preparado por la USAID, debería “servir como un contrapeso al radical MAS (Movimiento al Socialismo) o sus sucesores”.

Otro muestra que el NED financió a la Cámara de Comercio de Santa Cruz, lo que muestra, dijo Bigwood, “una relación histórica” entre instituciones estadunidenses y opositores cruceños.

Documentación de 2006 del Instituto Nacional Democrático y de USAID muestra que ambos trabajan para promover eventos centrados en la autonomía regional y la descentralización.

/rebelion.org

/(Video) Boliviaenvideos.com

El ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, financió una poderosa red de medios de comunicación y periodistas a su servicio, no sólo de Bolivia sino incluso del Brasil, para consolidar una estructura corrupta que acabó con la libertad de prensa y culminó con la masacre de campesinos en esa región.

En rueda de prensa en Palacio Quemado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, desmenuzó toda la red que tejió Fernández para socavar las bases del sistema de derecho para apuntalar un régimen departamental corrupto y preservar los privilegios de sus allegados.

Periodistas, dueños de medios de comunicación, legisladores afines a Podemos, empresarios beneficiados con prebendas y dirigentes cívicos constituyeron una red mafiosa que despilfarró los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Estos recursos, descontados en un 30 por ciento para el pago de la renta Dignidad, fue el principal argumento de Fernández y sus aliados, no sólo para convulsionar el país entre agosto y septiembre pasados, sino impulsar un proceso sedicioso para derrocar al presidente Evo Morales.

La masacre de Pando acabó con al menos 18 vidas, decenas de heridos y un número aún indeterminado de desaparecidos.

/ABI

El Gobierno denunció este viernes que existen intereses políticos que buscan desviar la verdad de los hechos de la masacre de campesinos en Pando y no le sorprende que algunos medios de comunicación ahora pretendan afirmar que los muertos son un invento.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, advirtió a la población sobre la intención de los opositores junto a algunos medios de prensa de “voltear” la veracidad de los hechos registrados en el departamento de Pando, cuando se ejecutó la matanza de campesinos a manos de gente armada, cívicos y funcionarios prefecturales.

“No me sorprendería que el próximo titular de algunos medios de comunicación se diga que nos hemos (Gobierno) inventado los muertos”, afirmó Sacha Llorente a la red Uno.

Los políticos, cívicos y prefectos opositores han iniciado una campaña de mentiras, dijo la autoridad, como la muerte de venezolanos en Porvenir, la donación de Venezuela a Bolivia de más de 6.000 millones de dólares, muestran a una policía y acusados de terrorismo como víctimas y ahora buscan desvirtuar las imágenes donde aparecen campesinos huyendo.

“El video es verdadero, refleja una parte de lo que sucedió en aquel lugar y prueba de ello es que se han encontrado cadáveres en las orillas de ese río”, aseveró.

Varios medios de prensa, sobre todo los televisivos, han coincidido en los últimos días en su agenda informativa con muestras sobre un supuesto montaje de las imágenes de la huida de campesinos por el río Tahuamanu con el mismo argumento, entrevistados, gran despliegue y mucho tiempo destacado.

Llorenti lamentó que se pretenda encubrir la delincuencia con una campaña de mentiras ejecutada por la oposición y ayudada por medios de prensa.

“Primero que estos hechos (masacre en Pando) no deben ser olvidados, segundo que no se distraiga la atención y tercero que se realice una investigación independiente e imparcial”, declaró.

Distintas comisiones nacionales e internacionales llegaron hasta el departamento de Pando con el fin de indagar sobre los verdaderos hechos que ocurrieron en la región del Porvenir donde cientos de campesinos del oriente boliviano que marchaban en demanda de sus reivindicaciones fueron emboscados por grupos armados y funcionarios de la Prefectura de Pando.

“Ya las comisiones iniciaron los primeros trabajos de investigación y no hablemos a medias verdades con una utilización antojadiza tratando de cambiar y dar la vuelta de lo que ha sucedido en Pando”, informó Llorenti.

/ABI

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) determinó que los medios de comunicación privados en Bolivia promueven el odio, el racismo y la discriminación violando normas de la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación.

En el capítulo de las preocupaciones, del informe preliminar de la FIDH sobre “Bolivia: racismo, discriminación e impunidad” señala que los medios de comunicación masivos se alejan de su función social de informar y orientar con veracidad e independencia a la ciudadanía.

El informe señala que los medios de comunicación privados traicionan, al mimo tiempo, la misión que les es propia, desconociendo las disposiciones expresas establecidas en el artículo cuatro de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación Racial (1965) que proscriben toda forma de propaganda racista o tendente a promover el odio y la discriminación racial.

“Emitiendo informaciones que desatienden dichas prohibiciones y que, en algunos casos, han tenido como consecuencia directa o indirecta, o han coadyuvado a la realización de dichos actos de violencia racista o de ataque contra organizaciones indígenas o de defensa de los derechos humanos”, expresa el documento.

Este estudio sobre la discriminación y la impunidad en medio de la aguda crisis política y social vivida por los bolivianos en las ciudades de Sucre, Santa Cruz y Pando se elaboró por tres expertos en DDHH.

Los representantes de la FIDH ante los órganos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que realizaron el trabajo son: Javier Mujica, abogado peruano; José Ricardo de Prada, magistrado de la Audiencia Nacional de España y miembro de Tribunales Penales Internacionales; y Anantonia Reyes Prado, antropóloga guatemalteca y Presidenta del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) entre los días 20 y 29 de septiembre de 2008.

La FIDH que fue creada en 1922, es una organización internacional no gubernamental, con estatuto consultivo ante los organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Reúne actualmente a más de 155 organizaciones en cerca de 100 países.

La FIDH es apolítica, aconfesional e independiente de cualquier gobierno. Su misión consiste en llevar a cabo acciones concretas en favor del respeto de todos los derechos proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, para ello, recurre a todos los mecanismos existentes de lucha contra la impunidad, tanto nacionales como internacionales, y proporciona su apoyo a las víctimas de torturas, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

/ABI

LAZOS FAMILIARES DE LEOPOLDO FERNANDEZ MANEJAN LA ECONOMÍA DE PANDOJuan Ramón Quintana denunció que el Comité Cívico es el brazo político, administrativo y represivo de la prefectura de Pando

La Paz, 28 de septiembre.- El ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana informó ayer de forma detallada como la familia de Leopoldo Fernández y el comité cívico de Pando actuaban de manera conjunta con vinculaciones para manejar la economía de ese departamento.

Este poder cacical y arbitrarios no solamente se sostiene en la columna vertebral del nepotismo si no también en familias que reciben los recursos del IDH como ser la familia Romaña, Galindo, Sosa, Shimokawa, Aguilar , Maina y Tau informó Quintana.

Quintana afirmó que la mayor parte de la familia Romaña está contratada por la prefectura del departamento de Pando y buena parte son parientes del prefecto de Pando.
Denunció además que otros miembros de la familia Fernández Ferreira fueron beneficiados con contrataciones y adquisiciones de obras ahí están Juan Ferreira el tío de Leopoldo Fernández, Ricardo Ferreira primo , Romeo Ferreira todos contratistas de obra entre otros.

También denuncio a la presidenta del comité cívico Ana Melena sin ser parte de la prefectura ha recibido más de 60 cheques . Esta trasferencia de recursos al comité explica que no solamente tienen el brazo político, sino también el brazo administrativo y represivo en Pando.

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