Paramilitares disparan contra choferes y campesinos cerca de Yapacaní

Santa Cruz, (ABI).- Varias personas retenidas en un punto de bloqueo que controla la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista (UJC) fueron víctimas de disparos de armas de fuego y muchos de ellos golpeados en las cercanías de Yapacaní cuando se negaron a pagar un monto económico, denunciaron al mediodía de este domingo.

“Tenemos choferes, campesinos, mujeres y niños, garroteados, heridos de bala por los jóvenes en estado de ebriedad de la Unión Juvenil Cruceñista, yo creo que esta vez no va haber tregua, Yapacaní se va levantar en el transcurso de los siguientes días”, afirmó el dirigente Hugo Fernández, en declaraciones a radio Patria Nueva.

Informó que el conflicto se inició por un cobro ilegal que realizaban los unionistas a los choferes que pretendían circular por el lugar bloqueado. Los trabajadores del volante se negaron pagar por considerarlo ilegal y esta firme decisión desembocó en hechos de violencia.

Denunció que los paramilitares cuentan con armas de fuego y que fueron trasladados al lugar del bloqueo en vehículos lujosos. Bloquearon la carretera con promontorios de tierra y el uso de maquinaria de la Prefectura.

La violencia desatada por los unionistas, muchos de ellos en estado de ebriedad, causó hasta el momento, según Fernández,  varios heridos, algunos de los cuales fueron internados en centros médicos de la región.

Por ello, el dirigente Fernández acusó al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, de intentar implementar un estado civil armado.

Yapacaní (provincia Ichilo) es una ciudad ubicada al norte de la ciudad de Santa Cruz y el bloqueo de caminos en su tercer día dejó sin GLP, gasolina ni diesel a este municipio.

El cerco ubicado en la carretera que une el departamento de Santa Cruz con Cochabamba, se ha comenzado a sentir no solo con la escasez de GLP sino también con la falta de alimentos de primera necesidad que son adquiridos a diario en la capital cruceña.

“Hay mucha tierra en la carretera echada por la maquinaria de la Prefectura y se ha convertido es un estado civil armado, racista, criminal, cobarde por parte de la Unión Juvenil Cruceñista”, afirmó Fernández.

Adelantó que Yapacaní pedirá al Gobierno Nacional que los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) sean destinados directamente a este municipio y no a la Prefectura por considerar que son utilizados para agredir a la gente humilde de la región.

Advirtió que ellos (pobladores) también contaban con armas de fuego, pero que no las utilizarán por contar con “conciencia sobre el valor de la vida humana” y que serán más cautelosos y no desatarán más violencia y muerte.

/bolpress

Evo acusa a la embajada de E.U.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a la Embajada de E.U. de organizar a grupos violentos de la oposición y que, a su juicio, ya no podrían controlar ni los (prefectos) gobernadores autonomistas, informó este lunes la agencia estatal ABI.

“Yo tengo algunas informaciones de algunas autoridades, de personalidades, especialmente del departamento de Santa Cruz, de que hay algunas personas que trabajan con la Embajada de Estados Unidos y que organizan estos grupos”, dijo Morales el domingo, según señala este lunes ABI.

Para el mandatario, los grupos violentos han rebasado el control de los gobernadores y dirigentes cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, las regiones autonomistas opositoras agrupadas en la llamada “media luna”.

Morales ha acusado varias veces a la Embajada de Estados Unidos en su país de estar detrás de un supuesto complot para desestabilizar a su Gobierno junto con la oposición de derecha, aunque la misma legación y las autoridades de Washington lo han negado.

Peticiones de la oposición
El presidente boliviano lamentó además que la Fiscalía General no haya actuado “para dar seguridad a la población” frente a esos grupos, que en los últimos días ocuparon varias instituciones y empresas estatales, bloquean rutas y fronteras, y han protestado en pistas de aterrizaje.

Los grupos opositores autonomistas piden al Gobierno que restituya a las regiones los ingresos procedentes de impuestos petroleros que se les redujeron en enero pasado para pagar una ayuda a los mayores de 60 años.

Sin embargo, según Morales, las protestas ya han dejado de ser una reivindicación de esos ingresos económicos y se han convertido en “netamente políticas, que están orientadas con otros fines como de agredir y maltratar”.

Insistió también en acusar a los prefectos y dirigentes cívicos de la oposición de desatar una “violencia racista” para defender intereses personales, así como de gestar un “golpe civil” con la ocupación de las instituciones estatales.

Las protestas también rechazan el proyecto de nueva Carta Magna impulsado por el presidente Morales para “refundar” su país y que debe ser aprobado en un referendo, cuya fecha es incierta.

El fin de semana pasado, el mandatario rectificó su decisión inicial de llamar a ese referendo por decreto para el 7 de diciembre y, tras el rechazo de la Corte Nacional Electoral a esa norma, envió al Congreso un proyecto de ley para organizar la consulta.

/www.elcolombiano.com

Plantean iniciativa ciudadana para nueva CPE y cerco a Congreso

conalcam reunido en el Plan tres mil de santa cruz, Bolivia

Foto: ABI

Santa Cruz, 03 sep (ABI).- Las organizaciones sociales por unanimidad demandaron esta tarde a la directiva de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) la realización del referendo para la aprobación del nuevo texto constitucional por iniciativa ciudadana, y un cerco al Congreso Nacional hasta su aprobación por dos tercios de voto.

Los dirigentes sociales plantearon que mientras se realiza la marcha que confluirá a la ciudad de La Paz el 15 de septiembre, simultáneamente se hará la recolección de firmas a nivel nacional para que el referendo sea realizado por iniciativa ciudadana.

En ocasión de su segundo ampliado nacional, el Conalcam reunido en el Plan Tres Mil de la ciudad de Santa Cruz, analiza el rechazo de la Corte Nacional Electoral (CNE) al Decreto Supremo Nro. 29691, del 28 de agosto, que fija fecha para la realización del referendo de validación o rechazo del nuevo texto constitucional.

Además, de las conclusiones asumidas por el autodenominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) que resolvió este miércoles masificar el bloqueo de caminos y cortar la venta de gas al exterior del país, en demanda de la restitución del 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) descontados para el pago de la renta Dignidad.

Dentro de las propuestas sugeridas por las organizaciones sociales está el desconocimiento a la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuellar, por traición al movimiento campesino e indígena y el cerco a la ciudad de Santa Cruz hasta que el prefecto Rubén Costas, y el cívico Branco Marinkovic renuncien a sus cargos.

Grupo Prisa: ¿Libertad de expresión o impunidad?

(Barómetro Internacional).- En estos días asistimos a una embestida de los grupos económicos que controlan gran parte de los medios de difusión en Argentina. No es nuevo. Algo similar ocurre en otros países de nuestra América Latina. Las corporaciones pretenden imponernos un discurso único funcional a sus intereses.

Cuando desde el Estado se les pone algún límite hablan de censura y de atentados a la libertad de prensa. Uno de los grupos empresarios que más ha crecido en los últimos años en todo el continente es el español PRISA. Ese grupo ahora quiere aparecer como victima de persecución por parte del Estado nacional porque no se aceptó un pedido que efectuó para violar la Ley.

Pero, vamos por partes: ¿Qué es el grupo PRISA? ¿De dónde sale? Lo que comenzó en 1958 con la Editorial Santillana tuvo entre enero y junio de 2008 ingresos de explotación por más de 2.000 millones de euros. PRISA edita el diario madrileño El País, los periódicos españoles Cinco Días (económico) y As (deportivo) junto a otros veinte diarios locales, la Cadena Ser, 40 Principales y, a través de Unión Radio, la mayor red de emisoras de lengua española en Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile.

PRISA controla más de 1.000 emisoras, entre propias y asociadas. En Argentina compró AM Radio Continental (se dice que por 12 millones de dólares), una de las más potentes de Buenos Aires, transmitiendo para una cadena de innumerables radios de todo el país, muchas de ellas sin licencias.

PRISA también tiene un inmenso control sobre el mercado de los libros en América Latina, a través de Alfaguara, Aguilar, Taurus y otras editoriales, además de Santillana que produce casi todos los textos escolares que utilizan los escolares latinoamericanos.

Otros medios de importancia que pertenecen al grupo PRISA son: La Razón el principal diario de Bolivia, El Nuevo Día, el segundo diario de Santa Cruz de la Sierra y Extra. La red nacional de televisión ATB y en un portal de Internet. La red de Radio Caracol de Colombia, además opera a través del Grupo Latino de Radiodifusión, en Bolivia, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Francia y México.

Los planes radiofónicos de PRISA involucran una expansión o en toda América Latina… y en el mundo hispano de EEUU, a través de una nueva empresa llamada Unión Radio. Además controla el 50% de la compañía Mexicana Televisa. Este monstruo de las telecomunicaciones se plantea dominar el mundo radial de habla hispana. Cabe preguntarse entonces quien es realmente el que esta detrás de este Grupo.

En Argentina, la operación de compra de Continental y FM HIT , 105.5 Mhz., PRISA se realiza con una gambeta: quien compra es la sociedad de la española CARSA (un 30%) con GLR SERVICES INC (70%) con sede en Delaware, Estados Unidos. Así aprovecharon el Tratado de Reciprocidad de Inversiones con EE.UU. de la época de Carlos Menem por el cual el capital norteamericano tiene el mismo tratamiento que el local. El grupo tiene 16 licencias en el país y es retransmitida ilegalmente por muchas emisoras en todo el territorio nacional.

¿Y ahora que pretende PRISA?

El grupo PRISA compró una de las radios más potentes de Argentina, AM 590 y a partir de esa emisora monta una cadena de repetidoras en todo el país. Tiene también FM HIT (Las 40 Principales) en 105.5Mhz en Buenos Aires y otras 16 licencias en las principales ciudades del país.

En marzo de este año presentó ante el COMFER un pedido de autorización para retransmitir los contenidos de Radio Continental, AM 590, en FM Nostalgie, en la frecuencia 104.3 Ese pedido lo formuló cuando en realidad ya estaba transmitiendo en cadena y había firmado un acuerdo para pagar 30% de la publicidad por distribuir su programación por esa frecuencia.

Cómo si esto fuera poco, la frecuencia 104,3 Mhz había sido asignada a una sociedad constituida por el grupo Cuatro Cabezas (Pergolini) como resultado de un concurso en que también se presentó PRISA. Los ganadores del concurso en su oferta se comprometían a emitir una programación cultural. Sin embargo hacen un convenio delegando la explotación.

Cabe agregar que Continental tiene también una licencia en FM, en 105.5 Mhz y no se ha propuesto usarla para los fines que dicen ser tan importantes para el grupo. Lo que hacen es colgarle la programación de Continental a otra FM (104.3) para optimizar la venta de publicidad. ¿Que hizo el Estado? Muy simple. El COMFER tramitó el pedido realizado por FM Nostalgie y Continental. El resultado obviamente es negar el permiso solicitado, por evidente violación de la Ley.

La Ley vigente prohíbe la transferencia sin previa autorización y la tenencia de más de dos emisoras en la misma zona, el cambio de programación y la delegación de explotación. Además, el argumento es que el Estado debe asegurar la pluralidad y que no es aceptable que los mismos contenidos sean difundidos por varias emisoras en una misma zona de cobertura. Sobran razones.

¿Persecución o atentado a libertad de prensa?

Radio Continental, sus periodistas estrellas y atrás de ellos los defensores de la libre empresa salieron rápidamente a denunciar censura. No faltó el coro imperial de “Periodistas sin fronteras”. Según ellos la respuesta del COMFER al pedido de Continental es una venganza por la postura de esa emisora a favor de los patrones del campo en el reciente conflicto por las retenciones móviles a la exportación de granos.

Aparecen como víctimas cuando en realidad se encontraron con un límite a la impunidad con la que acostumbran a actuar.

Poner límites a la concentración de la propiedad

Evidentemente para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de todas las personas es indispensable poner límites a la concentración en la propiedad de los medios. Es necesario asegurar la pluralidad y diversidad de voces. Para eso hay que impedir que unos pocos con poder económico controlen la información. La Resolución del COMFER avanza en esa línea y merece ser apoyada.

Una nueva Ley También es necesario aclarar que mientras no tengamos un Ley de Radio y Televisión o de Servicios de Comunicación audiovisuales, producto del debate democrático, resulta difícil garantizar los derechos a la comunicación. A nuestro criterio es indispensable debatir y aprobar una nueva norma acorde con un país que requiere fortalecer la democracia con participación, inclusión y distribución equitativa de la riqueza. De esa forma podrá constituirse un organismo con credibilidad y autoridad para democratizar las comunicaciones.

* Néstor Busso es Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica - ALER

Gobierno boliviano considera ilegal la suspensión del referendo constitucional

El Gobierno de Bolivia consideró ilegal la decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE) de suspender el referendo constitucional, pues la comunicación a través de la cual el órgano comicial dio a conocer tal medida “no tiene carácter vinculante por falta de valor jurídico”.

“La comunicación que envió la Corte Nacional Electoral al Presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, no es un documento jurídico, no genera ningún efecto vinculante y no puede -aunque pretenda- suspender la ejecución de los actos eleccionarios y refrendatarios convocados legal y legítimamente por el Presidente de la República (Evo Morales Ayma) para el día 7 de diciembre”, declaró el ministro Responsable de la Defensa Legal, Héctor Arce.

Explicó que la promulgación del Decreto Supremo No. 29691, de 28 de agosto, que fija fecha para la realización del referendo dirimidor para el artículo 398 del nuevo texto constitucional y el referendo de ratificación de la nueva Carta Magna tiene el sustento de ley aprobado por dos tercios de voto en el Congreso Nacional en febrero pasado.

Ante tal panorama, el ministro ratificó la constitucionalidad del referendo eleccionario y refrendatario para el 7 de diciembre de 2008, como lo establece el Decreto Supremo No. 29691.

“Es importante considerar que en un Estado de Derecho quien incumple deliberadamente el mandato de la ley es pasible a las sanciones que el mismo sistema jurídico establece”, advirtió el ministro de Defensa Legal.

/aporrea.org /TeleSur

Irán asesorará técnica y económicamente en agropecuaria y defensa a Bolivia

Irán y Bolivia

El Gobierno de Irán se comprometió hoy a apoyar con asesoramiento técnico y económico a Bolivia, en los campos agropecuario, geológico y defensa.

El presidente de la República, Evo Morales Ayma, visitó hoy el Instituto Biotecnológico de Agricultura de Irán, donde se realizan investigaciones de todo tipo, con el propósito no sólo de fortalecer la tierra agrícola, sino generar una mayor producción.

Los técnicos y profesionales iraníes realizan una serie de investigaciones biotecnológicas, para generar transformaciones genéticas de las plantas para una mejor producción.

El Ministerio de Agricultura ofreció a Bolivia su apoyo y asesoramiento técnico para mejorar también la producción agropecuaria en Bolivia.

El Mandatario boliviano también visitó la Organización de Geología en Irán, donde la presencia de profesionales mujeres es casi una mayoría.

Los profesionales iraníes aseguraron que Bolivia es muy rica, sin embargo no poseen datos sobre su riqueza mineral a pesar de que se realizaron estudios a cargo de empresas extranjeras.

El presidente Morales también visitó el Ministerio de Defensa de Irán y sus autoridades señalaron que están armados para defenderse, no para agredir a nadie, por eso la producción de armamento es muy importante.

Las autoridades garantizaron su apoyo a las Fuerzas Armadas de Bolivia para modernizar su equipo e incluso ofrecieron su cooperación para la instalación de una fábrica de aceites, utilizando la producción de soya que existe en el país.

/abi

Evo: La CNE se subordinó a la derecha neoliberal

El Presidente Evo Morales declaró a la Agencia Boliviana de Información (ABI) en Teherán (Irán) que la Corte Nacional Electoral (CNE) se ha puesto “en contra ruta del pueblo boliviano”, que demandó acelerar el proceso de cambios estructurales que encara su administración. El gobierno aseguró que la CNE no tienen ninguna atribución para invalidar la constitucionalidad del referéndum constituyente convocado para el 7 de diciembre de 2008 mediante Decreto Supremo 29691.

Con la firma de José Luis Exeni y de la vocal Amalia Oporto, la sala plena de la CNE decidió la noche del lunes frenar la realización del referéndum dirimidor y constitucional del 7 de diciembre argumentando una serie de observaciones que a su juicio cuestionarían la legalidad del proceso electoral. Se congeló la selección de prefectos para La Paz y Cochabamba, y la elección de 112 subprefectos y de consejeros departamentales.

La CNE declaró ilegal la consulta convocada por la prefecta de Chuquisaca Savina Cuellar sobre la autonomía departamental; y la “ley” que firmara el prefecto de Santa Cruz Rubén Costas para llamar a la elección de subgobernadores y asambleístas departamentales.

El presidente de la CNE José Luís Exeni envió tres cartas al Presidente interino Álvaro García Linera explicando que no es viable la administración de procesos electorales debido a supuestos impedimentos legales.

“La comunicación no es un documento jurídico, no genera ningún efecto vinculante y no puede -aunque pretenda- suspender la ejecución de los actos eleccionarios y refrendatarios convocados legal y legítimamente por el Presidente de la República para el día 7 de diciembre”, declaró el ministro Responsable de la Defensa Legal Héctor Arce.

Según Arce, el Decreto 29691 del 28 de agosto se sustenta en la ley aprobada por dos tercios de voto en el Congreso Nacional en febrero pasado. Por tanto, tiene plena validez, es plenamente constitucional, legal y debe ser acatado y cumplido por la CNE.

“Es una decisión que tomaron subordinándose a la derecha neoliberal, porque el cuestionar y hacer una auditoría sobre el Padrón Electoral es una medida a pedido de la derecha, de los prefectos que obedecen a intereses de grupos y no del pueblo boliviano (…) Es perjudicar el proceso de cambio y perjudicar la administración del Estado para buscar igualdad entre los bolivianos y bolivianas”, comentó Evo Morales.

El gobernante renovó su confianza en el pueblo, del que dijo que “siempre sabio, organizado, unido y movilizado” permitirá que el proceso de cambio que encabeza no sea detenido. Por ello volvió a destacar el mayoritario apoyo que recibió su administración en el referendo revocatorio de mandato popular, cuando el 67.41 por ciento de los bolivianos respaldaron su gestión de Gobierno. “El pueblo pidió consolidar y acelerar el proceso de cambio”, insistió.

El diputado del MAS Gustavo Torrico comentó que la CNE malinterpretó el decreto del Ejecutivo, pues ya existía una ley para convocar al Referéndum constitucional que fue reglamentada mediante un decreto.

“La ley fue aprobada en febrero y lo que hizo el decreto es ponerle fecha a esa norma legal que fue aprobada en el Congreso. En esa oportunidad, la CNE no rechazó la ley sino sólo hizo una observación técnica: que el tiempo de 60 días no le alcanzaba, por tanto, la ley continúa vigente”, explicó Torrico. Según el parlamentario, se podría emitir otro decreto que amplíe a 120 días de plazo la convocatoria a elección de prefectos, subprefectos y concejeros.

El senador masista Ricardo Díaz opinó que “una carta  de buena intención de la Corte Nacional Electoral no puede de ninguna manera sobreponerse a determinaciones de orden legal como es un Decreto del gobierno”.

/bolpress

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Política nacional

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