El informe elaborado por la comisión de expertos de los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) sobre la masacre de Porvenir y que fue entregado hoy al presidente Evo Morales, distingue dos niveles de responsabilidad criminal: la de los que actuaron y la de los que dejaron hacer.

En acto público realizado en el Palacio de Gobierno, el Jefe de Estado boliviano recibió de manos del responsable de la comisión investigadora, Rodolfo Mattarollo, el informe final de los sangrientos acontecimientos del 11 de septiembre pasado.

Según el informe, fue posible confirmar que hubo colaboración desde sectores de la Prefectura pandina con los grupos que atacaron a las diferentes columnas de indígenas que se manifestaban en apoyo al gobierno de Evo Morales, en la localidad de Porvenir y otros sitios del Departamento de Pando.

“Aun cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron en forma organizada y respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de la empresa criminal”, dice el informe. Por estos hechos el ex prefecto Leopoldo Fernández se encuentra detenido en la cárcel pública de San Pedro, en la ciudad de La Paz.

En otro punto de las conclusiones, el documento deja constancia de que se trató de una masacre en la que resultaron asesinados al menos 20 campesinos y que hubo decenas de heridos, constituyendo una grave violación de los derechos humanos esenciales que el Estado debe resguardar.

“Resulta de las investigaciones realizadas por la Comisión que las víctimas de ejecuciones sumarias o extralegales constituían población civil que fue objeto de un ataque generalizado o sistemático, realizado con conocimiento de dicho ataque, en el curso del cual se cometieron múltiples asesinatos. Una violación de esta naturaleza configura, desde el punto de vista del derecho penal internacional, un crimen de lesa humanidad”, señala el informe.

Además de los que actuaron y los que ordenaron el ataque, el informe también responsabiliza a quienes tenían el dominio de los hechos y podían hacerlos cesar pero no lo hicieron. Pero a los culpables por omisión les cabe una responsabilidad menor, señala el informe. “Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la Justicia ordinaria”, indica.

La Comisión también deja abierta la puerta para que los responsables de la masacre sean juzgados por genocidio. Aunque el informe no utiliza esa palabra, la descripción que hace coincide con la definición aprobada en la Convención de Genocidio de Naciones Unidas: “La Comisión dispone de elementos que permiten concluir que se desencadenó una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales”, agrega el documento.

El informe destaca que la independencia de la Justicia boliviana es una condición esencial para que no haya ni olvido ni perdón sobre la tragedia ocurrida. “Los ciudadanos y todos los habitantes de un país deben saber que el Estado no asesina, no tortura, no viola, no roba, no persigue, sino que su función es prevenir la violación de los derechos humanos por medios razonables, y si estos derechos son violados el Estado deben investigar los hechos, juzgar y castigar a los culpables”, puntualiza.

El ex subsecretario de Derechos Humanos del gobierno argentino y responsable de la comisión investigadora de Unasur, Rodolfo Mattarollo, en diálogo con Página/12, dijo que tras las investigaciones realizadas y las entrevistas con testigos, imputados y víctimas pudo comprobar que Pando sufre una gran ausencia del Estado, especialmente a la hora de defender a sus habitantes más desprotegidos.

“Hay un caudillismo personalista del siglo XIX que reúne todos los poderes en una mano”, dijo Mattarollo, refiriéndose al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández. “Existen grupos organizados del tipo paraestatal, que son los que actuaron en la masacre de Pando”, añadió.

Afirmó que, para lograr una reconciliación nacional con equilibrio y paz social, el Estado debe respetar a los ciudadanos para que éstos tengan confianza en las instituciones públicas. “Pudimos verificar el mal funcionamiento del sistema judicial boliviano en general. La Corte Suprema no cumple con su papel, está muy politizada y tienen discursos beligerantes, propios de un partido político”, señaló.

Las dudas de Mattarollo sobre el funcionamiento de la Justicia boliviana lo llevaron a recomendar una instancia superior para las víctimas si no consiguen reparaciones justas. “Si los familiares de las víctimas no quedaran conformes con lo actuado por el Estado, deberán presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para que decida”, sostuvo el jurista argentino.

En opinión del experto, Bolivia deberá emprender una profunda reforma cultural y democrática. “Evo Morales representa a los mayoritarios grupos indígenas de Bolivia, que son los más pobres y marginados, lo cual genera una gran irritación en los tradicionales sectores terratenientes. Para evitarlo, deberán trabajar durante largos años en políticas de igualdad y antidiscriminatorias”, argumentó el jurista.

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