El Presidente Evo Morales declaró a la Agencia Boliviana de Información (ABI) en Teherán (Irán) que la Corte Nacional Electoral (CNE) se ha puesto “en contra ruta del pueblo boliviano”, que demandó acelerar el proceso de cambios estructurales que encara su administración. El gobierno aseguró que la CNE no tienen ninguna atribución para invalidar la constitucionalidad del referéndum constituyente convocado para el 7 de diciembre de 2008 mediante Decreto Supremo 29691.

Con la firma de José Luis Exeni y de la vocal Amalia Oporto, la sala plena de la CNE decidió la noche del lunes frenar la realización del referéndum dirimidor y constitucional del 7 de diciembre argumentando una serie de observaciones que a su juicio cuestionarían la legalidad del proceso electoral. Se congeló la selección de prefectos para La Paz y Cochabamba, y la elección de 112 subprefectos y de consejeros departamentales.

La CNE declaró ilegal la consulta convocada por la prefecta de Chuquisaca Savina Cuellar sobre la autonomía departamental; y la “ley” que firmara el prefecto de Santa Cruz Rubén Costas para llamar a la elección de subgobernadores y asambleístas departamentales.

El presidente de la CNE José Luís Exeni envió tres cartas al Presidente interino Álvaro García Linera explicando que no es viable la administración de procesos electorales debido a supuestos impedimentos legales.

“La comunicación no es un documento jurídico, no genera ningún efecto vinculante y no puede -aunque pretenda- suspender la ejecución de los actos eleccionarios y refrendatarios convocados legal y legítimamente por el Presidente de la República para el día 7 de diciembre”, declaró el ministro Responsable de la Defensa Legal Héctor Arce.

Según Arce, el Decreto 29691 del 28 de agosto se sustenta en la ley aprobada por dos tercios de voto en el Congreso Nacional en febrero pasado. Por tanto, tiene plena validez, es plenamente constitucional, legal y debe ser acatado y cumplido por la CNE.

“Es una decisión que tomaron subordinándose a la derecha neoliberal, porque el cuestionar y hacer una auditoría sobre el Padrón Electoral es una medida a pedido de la derecha, de los prefectos que obedecen a intereses de grupos y no del pueblo boliviano (…) Es perjudicar el proceso de cambio y perjudicar la administración del Estado para buscar igualdad entre los bolivianos y bolivianas”, comentó Evo Morales.

El gobernante renovó su confianza en el pueblo, del que dijo que “siempre sabio, organizado, unido y movilizado” permitirá que el proceso de cambio que encabeza no sea detenido. Por ello volvió a destacar el mayoritario apoyo que recibió su administración en el referendo revocatorio de mandato popular, cuando el 67.41 por ciento de los bolivianos respaldaron su gestión de Gobierno. “El pueblo pidió consolidar y acelerar el proceso de cambio”, insistió.

El diputado del MAS Gustavo Torrico comentó que la CNE malinterpretó el decreto del Ejecutivo, pues ya existía una ley para convocar al Referéndum constitucional que fue reglamentada mediante un decreto.

“La ley fue aprobada en febrero y lo que hizo el decreto es ponerle fecha a esa norma legal que fue aprobada en el Congreso. En esa oportunidad, la CNE no rechazó la ley sino sólo hizo una observación técnica: que el tiempo de 60 días no le alcanzaba, por tanto, la ley continúa vigente”, explicó Torrico. Según el parlamentario, se podría emitir otro decreto que amplíe a 120 días de plazo la convocatoria a elección de prefectos, subprefectos y concejeros.

El senador masista Ricardo Díaz opinó que “una carta  de buena intención de la Corte Nacional Electoral no puede de ninguna manera sobreponerse a determinaciones de orden legal como es un Decreto del gobierno”.

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