Sectores sociales, líderes originarios y legisladores bolivianos respaldaron hoy aquí la convocatoria a un referendo sobre la nueva Constitución Política del Estado (CPE), al tiempo que repudiaron acciones de protesta de la oposición. Acerca de la consulta, promulgada la víspera por el jefe de Estado, Evo Morales, para el próximo 7 de diciembre, el presidente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, señaló que responde a viejos reclamos de sectores históricamente marginados.

Chávez dijo a Prensa Latina que la nueva carta magna permitirá forjar una nueva Bolivia, sin exclusiones.

El líder originario recordó que en varios encuentros con Morales los integrantes de la Coordinadora Nacional para el Cambio, que agrupa a las organizaciones sociales, habían solicitado concluir ese proceso en las urnas, en democracia.

Asimismo, auguró nuevos desafíos, porque como en anteriores momentos de la actual Revolución democrática y cultural la derecha se resistirá a los cambios, pues afectan sus intereses.

Por su parte, el diputado César Navarro, jefe de la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en la cámara baja, opinó que la consulta constitucional permitirá consolidar la transformación estructural del Estado por la vía democrática.

Acerca del boicot a esta etapa que se avecina, según

anunciaron los prefectos opositores de la Media Luna, señaló que será el pueblo quien decidirá con su voto el futuro del país y no esas autoridades retrogradas.

A juicio del senador por el MAS Antonio Peredo, el plebiscito es también una respuesta democrática a los obstáculos de la derecha a dialogar y sus maniobras en el Congreso para sabotear leyes y acuerdos al respecto.

Quedarán atrás las injustificadas demandas por ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, aseveró, y el soberano (pueblo) estará vigilante hasta garantizar con su voto el futuro de la nación.

En tanto, las autoridades opositoras de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca anticiparon que no admitirán la realización en sus territorios del referendo ratificatorio de la Constitución.

Por el contrario, según el prefecto tarijeño, Mario Cossío, continuarán con el bloqueo de carreteras y paros cívicos para conseguir la recuperación de toda la renta petrolera.

/Prensa Latina