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El Gobierno calificó este miércoles como una “actitud vergonzosa” el chantaje político de las prefecturas de Santa Cruz y Beni, que exigen firmas de respaldo para su estatuto autonómico a cambio de apoyo a los damnificados por los desastres naturales.

“Nosotros creemos que es una actitud vergonzosa de algunas autoridades. Se ha conocido las denuncias de las personas, que reciben alimentos a condición de que firmen los estatutos autonómicos”, indicó el portavoz de la Presidencia, Alex Contreras, en declaraciones a la prensa en puertas de Palacio Quemado.

El Vocero manifestó que ninguna persona puede jugar con el drama humano y que la tarea de socorrer a las familias afectadas debe ser ante todo un acto de solidaridad.

El lunes 28 de enero, el presidente de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cepes), Ramiro Galindo y el dirigente de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños, Ernesto Sánchez, denunciaron, por separado, el chantaje político en los departamentos de Beni y Santa Cruz a cambio de ayuda a damnificados.

Contreras aseguró que el Gobierno continuará gestionando mayor cooperación internacional para atender a alrededor de 32 mil familias afectadas por las lluvias.

Según la Dirección Nacional de Emergencias y Auxilio de Defensa Civil, hasta el momento se contabilizan 40 muertos y cuatro están desaparecidos.

En tanto, la Dirección Nacional de Epidemiología reportó 161 casos de dengue clásico y advirtió que la enfermedad tiende a propagarse en el país, particularmente en el trópico cochabambino, donde se tiene registrado el 80 por ciento de los casos.

El ministro de gobierno anunció el cierre del Grupo de Tarea de Investigaciones de Delitos Especiales (GTIDE), que desde este jueves dependerá de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Esa entidad fue creada para coordinar acciones de investigación e información de inteligencia criminal y combatir delitos de mayor impacto social.

Según Rada, la disolución de las dos unidades de Inteligencia marca un antecedente histórico e inédito en la trayectoria de la institución del orden.

ODEP funcionó por muchos años con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, cuyo apoyo económico en los últimos años era de 300 mil dólares anuales, precisó.

La víspera, el presidente Evo Morales adelantó que su gobierno cerraría servicios policiales de inteligencia financiados por Estados Unidos, al referirse a denuncias de medios periodísticos sobre un supuesto espionaje estatal a políticos de oposición y profesionales de la prensa.

Morales dijo en conferencia de prensa que su Gobierno descubrió que un grupo de inteligencia espió a funcionarios iraníes que visitaron La Paz la semana pasada.

“Felizmente, por una decisión del alto mando policial, esos grupos de inteligencia bajo el control de la embajada de Estados Unidos, se van a cerrar,” señaló el mandatario de origen aymara.

“No necesitamos a gente que pueda controlar a nuestra policía”, remarcó.

Por su parte, la legación diplomática de Estados Unidos en La Paz señaló en un comunicado que hace décadas apoya a la policía boliviana, cuyas autoridades conocían esa asistencia. (+)

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El Gobierno de Bolivia cree que la embajada de EE.UU. apoya a un grupo “irregular” de inteligencia policial que opera en el país desde hace quince años, publicó hoy la prensa de La Paz.

El ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, explicó en una entrevista con el periódico La Prensa que el Ejecutivo ha detectado el funcionamiento “irregular” de, al menos, dos estructuras de inteligencia en el país.

Uno de estos grupos tiene su origen en el Comando de Operaciones Especiales (Copes), que, según Rada, se creó hace quince años con apoyo logístico y tecnológico de la embajada de EE.UU.

En enero de 2006, en lo que coincidió con la llegada al poder del presidente Evo Morales, esta estructura cambió de nombre para llamarse Organización de Estudios Policiales (Odep).

“Pero hemos descubierto que el Copes es el que sigue funcionando tras esta denominación”, afirmó Rada, quien insistió en que este grupo es “irregular” y “atenta contra la eficiencia del servicio de inteligencia” boliviano.

La otra estructura que mencionó el ministro es el Grupo Especial Táctico de Investigaciones de Delitos (Getide), una agrupación “mas regular” del Copes que proporciona al Gobierno información para combatir la actividad criminal.

Rada indicó que, en este caso, también se ha averiguado que el Getide “efectúa trabajos que tienen que ver con otros ámbitos de la vida pública”.

El ministro de Gobierno aseguró que se inició una investigación para averiguar cuál es el tipo de apoyo de la embajada estadounidense a estos grupos de inteligencia.

No obstante, Rada destacó que el Gobierno de Bolivia no rechaza el apoyo de EE.UU, porque “sería irracional” y resaltó el respaldo “importante” recibido para la lucha antidroga.

En cualquier caso, el alto funcionario reiteró que la decisión del Ejecutivo boliviano es “eliminar” las estructuras “paralelas” a los servicios de inteligencia del Gobierno.

El pasado viernes, varios medios de comunicación bolivianos difundieron un informe que denuncia que varios políticos -oficialistas y opositores- y periodistas fueron supuestamente espiados por agentes vinculados a fuerzas de seguridad del Estado.

El vicepresidente de Bolivia, lvaro García Linera, negó que el Ejecutivo haya ordenado el seguimiento a personas políticas y civiles y achacó este informe a “una guerra sucia que empaña al Gobierno, comprometido con el uso transparente de la información”.

El ministro Rada no descartó que ese informe “anónimo” haya sido producido por uno de estos grupos “irregulares” en el marco de una pugna interna por los recientes ascensos en los cuerpos de seguridad.

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El embajador de Bolivia en Perú, Franz Solano, aseguró hoy que el gobierno del presidente, Evo Morales, agotará el diálogo sobre su demanda histórica para obtener una salida al mar antes de acudir a la Corte de La Haya, aunque el Estado no descarta esa opción.

Solano reivindicó el legítimo derecho que tiene Bolivia de acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para lograr una solución a su petición de soberanía marítima, según informaron hoy los medios de comunicación peruanos.

‘Nosotros estamos viendo cómo Perú, amparado en el derecho internacional, ha acudido a esa instancia. Igualmente nosotros también tenemos derechos. La aspiración legítima de Bolivia es tener una salida al mar con soberanía y dentro de estas posibilidades no podemos descartar acudir a La Haya. Es una opción legítima, y es nuestro derecho’, declaró el embajador en Lima.

El diplomático sostuvo que en el caso de que el país acuda a alguna instancia internacional, sería precisamente La Haya el organismo al que se dirigiría, ya que este es ‘un tribunal internacional que actuará en su momento si es que se presentara una eventual demanda, es posible’.

Por último recordó que los organismos internacionales reconocen que Bolivia ‘nació a la vida independiente con una costa marítima’ por lo que existe el derecho de reunificación con su ‘mar soberano’.

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El gobierno anunció hoy el inicio de una investigación a la financiera Roghel Bolivia, acusada de realizar operaciones de intermediación, depósitos en dólares, sin la autorización de la entidad reguladora.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Luis Arce, en ese estudio participarán expertos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Aduana y otras entidades públicas.

Arce apoyó la decisión de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), de cerrar las filiales de Roghel en La Paz, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Trinidad, hasta que se conozcan los resultados de la investigación.

La primera acción fue preventiva para preservar los recursos de los ahorristas, pero “ahora entramos con todo el aparato estatal para verificar qué es lo que estaba pasando con esta institución”, dijo.

Asimismo señaló que la intervención de Roghel Bolivia es una buena señal para que esas instituciones de intermediación financiera sean controladas y para que los bolivianos no confíen en aquellas que no tienen la autorización de la Superintendencia de Bancos.

Guillermo Sánchez, de SBEF, confirmó a Prensa Latina que las irregularidades de esa compañía podrían afectar a unos 10 mil ahorristas en todo el país.

Desde hace un año aproximadamente, Roghel Bolivia, propiedad de Windsor Goitia Chappy y Karen Olmos, se dedica a captar recursos del público en calidad de depósitos con un 10 por ciento de interés mensual, precisó.

Explicó que Roghel Bolivia empezó sus actividades ofreciendo campañas para adquirir viviendas y vehículos y después captando ahorros. Las ganancias provendrían de inversiones en bolsas de valores.

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Miles de personas permanecen aisladas en el norte de Argentina y gran parte de Bolivia por las intensas lluvias que en la época del verano austral caen en la región fronteriza.

Los gobiernos de Brasil, Chile y Venezuela han enviado aviones para auxiliar a decenas de personas aisladas por las lluvias que se prolongan desde hace dos meses en casi toda Bolivia.

En Argentina, casi 4 000 familias estaban aisladas por las aguas desbordadas del río Pilcomayo, fronterizo con Bolivia, informó ayer Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia norteña de Salta. “Más de 3 000 familias en todo el Municipio de Santa Victoria este, más otras 750 de parajes de la misma región, se encuentran en la situación más crítica”.

El mal tiempo, con posibilidad de lluvias intensas y vientos huracanados, se extendía al resto de Salta y abarcaba también a las provincias de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Luis y Córdoba.

En La Paz, el Ministerio de Defensa informó que el Gobierno de Brasil envió toneladas de alimentos, vituallas y deslizadores para socorrer a los damnificados por las inundaciones y riadas, que desde noviembre han causado la muerte de 35 personas.

En tanto, el presidente Evo Morales movilizó a todos sus ministros para organizar las tareas de ayuda a las 34 000 familias afectadas por la emergencia.

Además, la empresa de aguas de La Paz mantendrá el racionamiento del líquido en al menos 25 barrios de la ciudad boliviana, tras la ruptura de un ducto de aprovisionamiento que colapsó por las torrenciales lluvias, informaron fuentes de la compañía.

Organizaciones sociales denunciaron este lunes que la prefectura de Santa Cruz discrimina en la ayuda humanitaria a las poblaciones que no respaldaron el estatuto autonómico de esa región, y que hoy enfrentan los desastres naturales.

Esta denuncia fue hecha por el presidente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, Ramiro Galindo, quien lamentó ese uso político de la ayuda con los damnificados por el fenómeno de La Niña.

“Hay regiones que están siendo discriminados en la ayuda de los desastres naturales, ya que las prefecturas de Cochabamba y Santa Cruz en el río Ichilo, sólo están ayudando a las personas que recolectaron firmas para el estatuto autonómico y no así con las comunidades que rechazaron este documento”, afirmó Galindo.

Asimismo, dijo que en la parte del Chapare, Puerto Villarroel no están ayudando a las comunidades, que están siendo castigadas por las lluvias e inundaciones.